Pie de Nota | Ese laberinto llamado Ayotzinapa – El Sol de México

/ viernes 1 de abril de 2022
Erick Ramírez | El Sol de México
En 2014 México era otro país, y hoy es diferente en buena parte por lo que sucedió en Iguala, Guerrero, aquel año.
Podría referirse que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se elevó por encima del lugar común y, verdaderamente, marcó un antes y un después. Recordemos que en 2014 el priismo gobernante era el del Saving México, el Pacto por México y el del Mexican Moment.
Pero Iguala nos enseñó hasta qué punto la corrupción como forma de gobierno era una realidad: criminales organizados asesinando y desapareciendo estudiantes mientras que el aparato gubernamental en todos los niveles se encargaba de entorpecer la verdad y la justicia.
Fue con esta revelación que el morenismo actual obtuvo los últimos argumentos que necesitaba para voltear al status quo de cabeza y darnos a un presidente, no con una promesa de vanguardia o progreso, sino con la sencilla idea de sacar a los corruptos del poder.
Resulta paradójico que para leer al México actual haya que entender primero lo sucedido en Iguala, pero que al mismo tiempo tantas interrogantes sigan en pie.
Como informó la OEM, durante la semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) confirmó un esquema de ocultamiento de pruebas llevado a cabo por fuerzas armadas durante y después de la desaparición de los 43 normalistas.
El GIEI reveló –al tener acceso a videos y comunicaciones en poder de la Semar y la Sedena– que elementos de la Marina manipularon pruebas en el basurero de Cocula antes que peritos, así como que el Ejército tenía conocimiento en todo momento de lo ocurrido aquella noche del 27 de septiembre del 2014 al controlar el C4.
La idea de que el Ejército y la Marina sabían más de lo que habían informado en la "verdad histórica" del gobierno de Enrique Peña durante años había sido una sospecha de los padres de los normalistas.
Con el tiempo se han ido acumulando testimonios que han revelado, por lo menos, un actuar violatorio del debido proceso como las múltiples torturas a presuntos perpetradores e infiltración de agentes dentro del movimiento normalista.
La sospecha de colusión militar con los grupos criminales, en tanto, ha sido materia del periodismo de investigación desde un inicio.
El que sea confirmado que las Fuerzas Armadas guardaron durante años informaciones relevantes para la investigación y que tuvieron un papel de inteligencia activo aquella noche si acaso oscurece aún más una historia ya de por sí compleja.
Es innegable la voluntad política del presidente López Obrador de entregar justicia y verdad a los familiares de Ayotzinapa, pero ese camino cruza forzosamente por destapar una cloaca que las Fuerzas Armadas no quieren que se abra.
Al mismo tiempo, con al falsa idea de incorruptibilidad del Ejército y la Marina, el Presidente les ha convertido en los arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales y policías del país.
Recordemos que este Gobierno fue el que arriesgó su relación con Estados Unidos con el fin de ahorrarle al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, un proceso en su contra llevado a cabo por la DEA por presunta colusión criminal, para luego exonerarlo del todo.
La confirmación del GIEI llega en un momento incómodo.
Repasar el Caso Ayotzinapa es un laberinto de siete años de versiones encontradas, capturas, liberaciones y nombres e historias que no llevan a nada.
Tan es así que la principal demanda del GIEI es que se abran completamente todos los archivos militares relacionados a Iguala, como son juicios marciales, testimonios recogidos por castrenses e investigaciones internas que nunca vieron la luz del día.
En los hechos, el último trabajo el GIEI es otro tomo que levanta más interrogantes y no aporta respuesta sobre la cuestión de fondo, ¿dónde quedaron los restos de los estudiantes?
Quizá algún día se pueda contar un relato coherente de lo sucedido en Ayotzinapa, pero aún no estamos en ese momento. En ese sentido el libro de nuestra historia está incompleto.

En 2014 México era otro país, y hoy es diferente en buena parte por lo que sucedió en Iguala, Guerrero, aquel año.
Podría referirse que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se elevó por encima del lugar común y, verdaderamente, marcó un antes y un después. Recordemos que en 2014 el priismo gobernante era el del Saving México, el Pacto por México y el del Mexican Moment.
Pero Iguala nos enseñó hasta qué punto la corrupción como forma de gobierno era una realidad: criminales organizados asesinando y desapareciendo estudiantes mientras que el aparato gubernamental en todos los niveles se encargaba de entorpecer la verdad y la justicia.
Fue con esta revelación que el morenismo actual obtuvo los últimos argumentos que necesitaba para voltear al status quo de cabeza y darnos a un presidente, no con una promesa de vanguardia o progreso, sino con la sencilla idea de sacar a los corruptos del poder.
Resulta paradójico que para leer al México actual haya que entender primero lo sucedido en Iguala, pero que al mismo tiempo tantas interrogantes sigan en pie.
Como informó la OEM, durante la semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) confirmó un esquema de ocultamiento de pruebas llevado a cabo por fuerzas armadas durante y después de la desaparición de los 43 normalistas.
El GIEI reveló –al tener acceso a videos y comunicaciones en poder de la Semar y la Sedena– que elementos de la Marina manipularon pruebas en el basurero de Cocula antes que peritos, así como que el Ejército tenía conocimiento en todo momento de lo ocurrido aquella noche del 27 de septiembre del 2014 al controlar el C4.
La idea de que el Ejército y la Marina sabían más de lo que habían informado en la "verdad histórica" del gobierno de Enrique Peña durante años había sido una sospecha de los padres de los normalistas.
Con el tiempo se han ido acumulando testimonios que han revelado, por lo menos, un actuar violatorio del debido proceso como las múltiples torturas a presuntos perpetradores e infiltración de agentes dentro del movimiento normalista.
La sospecha de colusión militar con los grupos criminales, en tanto, ha sido materia del periodismo de investigación desde un inicio.
El que sea confirmado que las Fuerzas Armadas guardaron durante años informaciones relevantes para la investigación y que tuvieron un papel de inteligencia activo aquella noche si acaso oscurece aún más una historia ya de por sí compleja.
Es innegable la voluntad política del presidente López Obrador de entregar justicia y verdad a los familiares de Ayotzinapa, pero ese camino cruza forzosamente por destapar una cloaca que las Fuerzas Armadas no quieren que se abra.
Al mismo tiempo, con al falsa idea de incorruptibilidad del Ejército y la Marina, el Presidente les ha convertido en los arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales y policías del país.
Recordemos que este Gobierno fue el que arriesgó su relación con Estados Unidos con el fin de ahorrarle al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, un proceso en su contra llevado a cabo por la DEA por presunta colusión criminal, para luego exonerarlo del todo.
La confirmación del GIEI llega en un momento incómodo.
Repasar el Caso Ayotzinapa es un laberinto de siete años de versiones encontradas, capturas, liberaciones y nombres e historias que no llevan a nada.
Tan es así que la principal demanda del GIEI es que se abran completamente todos los archivos militares relacionados a Iguala, como son juicios marciales, testimonios recogidos por castrenses e investigaciones internas que nunca vieron la luz del día.
En los hechos, el último trabajo el GIEI es otro tomo que levanta más interrogantes y no aporta respuesta sobre la cuestión de fondo, ¿dónde quedaron los restos de los estudiantes?
Quizá algún día se pueda contar un relato coherente de lo sucedido en Ayotzinapa, pero aún no estamos en ese momento. En ese sentido el libro de nuestra historia está incompleto.

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