/ martes 29 de marzo de 2022
Rivelino Rueda | El Sol de México
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) confirmó la participación del Ejército durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con labores de espionaje e infiltración de los estudiantes y mecanismos de contrainsurgencia.
También, por primera vez reveló que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) coadyuvaron en la alteración de pruebas en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, entre el 26 y 28 de octubre de 2014, para encuadrar la llamada “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
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Sociedad
A siete años y 185 días de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los expertos aportaron nuevas evidencias sobre el caso, como tomas aéreas grabadas desde un dron, en las cuales se observa a elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Marina alterando el terreno en el basurero de Cocula.
Los miembros del GIEI indicaron que esas nuevas pruebas fueron entregadas por la Semar y por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por instrucciones del presidente López Obrador y del titular de ese organismo, Audomaro Martínez.
Claudia Paz, integrante de ese organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó que los únicos que pudieron haber dado la orden para grabar desde un dron esas escenas eran el expresidente Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Además, los expertos independientes anotaron que “aún existen actores que están dentro de las instituciones, o que ya no están y tienen redes de poder muy fuertes”, que están involucrados en los trágicos hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A lo largo de la investigación del caso Ayotzinapa, el GIEI ha señalado en varias ocasiones las negativas de autoridades militares para cooperar con la investigación, incluido el hermetismo respecto a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero.
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El esclarecimiento sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, castigar a los responsables, dar con el paradero de los normalistas, así como encontrar la justicia en este caso, fue uno de los 100 compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador al asumir el poder el 1 de diciembre de 2018.
Al presentar el Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa, los miembros del grupo interdisciplinario de expertos también revelaron que autoridades municipales, estatales y federales sabían lo que estaba ocurriendo, minuto a minuto, en el operativo que derivó en la desaparición de los estudiantes.
En conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación (Segob), Ángela María Buitrago, integrante del GIEI, reveló que días antes de la desaparición de los 43 normalistas y durante las horas de su de-saparición, el Ejército realizó una “operación contrainsurgente” del seguimiento de sus actividades.
“Las autoridades municipales, estatales y federales sabían lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Hay información que se nos ha ocultado que confirma que autoridades militares controlaban el C4. También se nos ocultó que hay investigaciones militares del caso, a las que no hemos tenido acceso, y que hubo procesos disciplinarios militares por lo ocurrido en Iguala”, anotó.
Buitrago expuso que estas nuevas evidencias se dieron a raíz de documentos entregados al GIEI por parte del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen), así como de las secretarías de la Defensa y Marina, y que se encontraban en archivos de inteligencia y militares.
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La abogada colombiana dijo que en este caso “hubo una gran simulación desde el primer día hasta el último”, y mencionó que el primer ejemplo se da con la captura de “elementos objetivo” para inculparlos y crear una “supuesta verdad”.
Un segundo momento de esta simulación –añadió– se da con la “construcción de versiones, como llamadas anónimas que nunca existieron, donde funcionarios de la entonces PGR se prestaron para esta simulación”.
“Hubo aseveraciones de la PGR que son falsas y detenciones simuladas. Desde el primer momento las tarjetas informativas de las autoridades municipales, estatales y federales eran falsas. Se destruyó evidencia. Se asentaron actas de la PGR que reflejan una serie de hechos que no corresponden con la realidad”.
Ángela María Buitrago destacó, además, que “se dio un esquema de tortura sistemática que perjudicó directamente la investigación con cambio de actores”.
Anotó que hay evidencia que indica que, desde el 5 de octubre de 2014, la Policía Estatal de Guerrero acordonó zonas del Río Cocula; que el 12 de octubre el Ejército reportó que “no había nada en el Río San Juan”, y que se dio la intervención de más de 40 funcionarios en el basurero de Cocula antes de determinar que ahí se había incinerado a los normalistas.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) confirmó la participación del Ejército durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con labores de espionaje e infiltración de los estudiantes y mecanismos de contrainsurgencia.
También, por primera vez reveló que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) coadyuvaron en la alteración de pruebas en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, entre el 26 y 28 de octubre de 2014, para encuadrar la llamada “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
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A siete años y 185 días de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los expertos aportaron nuevas evidencias sobre el caso, como tomas aéreas grabadas desde un dron, en las cuales se observa a elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Marina alterando el terreno en el basurero de Cocula.
Los miembros del GIEI indicaron que esas nuevas pruebas fueron entregadas por la Semar y por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por instrucciones del presidente López Obrador y del titular de ese organismo, Audomaro Martínez.
Claudia Paz, integrante de ese organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó que los únicos que pudieron haber dado la orden para grabar desde un dron esas escenas eran el expresidente Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Además, los expertos independientes anotaron que “aún existen actores que están dentro de las instituciones, o que ya no están y tienen redes de poder muy fuertes”, que están involucrados en los trágicos hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A lo largo de la investigación del caso Ayotzinapa, el GIEI ha señalado en varias ocasiones las negativas de autoridades militares para cooperar con la investigación, incluido el hermetismo respecto a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero.
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El esclarecimiento sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, castigar a los responsables, dar con el paradero de los normalistas, así como encontrar la justicia en este caso, fue uno de los 100 compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador al asumir el poder el 1 de diciembre de 2018.
Al presentar el Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa, los miembros del grupo interdisciplinario de expertos también revelaron que autoridades municipales, estatales y federales sabían lo que estaba ocurriendo, minuto a minuto, en el operativo que derivó en la desaparición de los estudiantes.
En conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación (Segob), Ángela María Buitrago, integrante del GIEI, reveló que días antes de la desaparición de los 43 normalistas y durante las horas de su de-saparición, el Ejército realizó una “operación contrainsurgente” del seguimiento de sus actividades.
“Las autoridades municipales, estatales y federales sabían lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Hay información que se nos ha ocultado que confirma que autoridades militares controlaban el C4. También se nos ocultó que hay investigaciones militares del caso, a las que no hemos tenido acceso, y que hubo procesos disciplinarios militares por lo ocurrido en Iguala”, anotó.
Buitrago expuso que estas nuevas evidencias se dieron a raíz de documentos entregados al GIEI por parte del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen), así como de las secretarías de la Defensa y Marina, y que se encontraban en archivos de inteligencia y militares.
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La abogada colombiana dijo que en este caso “hubo una gran simulación desde el primer día hasta el último”, y mencionó que el primer ejemplo se da con la captura de “elementos objetivo” para inculparlos y crear una “supuesta verdad”.
Un segundo momento de esta simulación –añadió– se da con la “construcción de versiones, como llamadas anónimas que nunca existieron, donde funcionarios de la entonces PGR se prestaron para esta simulación”.
“Hubo aseveraciones de la PGR que son falsas y detenciones simuladas. Desde el primer momento las tarjetas informativas de las autoridades municipales, estatales y federales eran falsas. Se destruyó evidencia. Se asentaron actas de la PGR que reflejan una serie de hechos que no corresponden con la realidad”.
Ángela María Buitrago destacó, además, que “se dio un esquema de tortura sistemática que perjudicó directamente la investigación con cambio de actores”.
Anotó que hay evidencia que indica que, desde el 5 de octubre de 2014, la Policía Estatal de Guerrero acordonó zonas del Río Cocula; que el 12 de octubre el Ejército reportó que “no había nada en el Río San Juan”, y que se dio la intervención de más de 40 funcionarios en el basurero de Cocula antes de determinar que ahí se había incinerado a los normalistas.
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