Hambre cero – El Sol de México

@geovanna_b

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/ martes 15 de febrero de 2022
El gobierno tiene la obligación de erradicar el hambre, cruel realidad de la pobreza y desigualdad social. La Constitución en su artículo 4° mandata: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y el Estado lo garantizará”. El reto es complejo si tomamos en cuenta la histórica disparidad en la distribución de la riqueza aunado a la actual crisis sanitaria que ha impactado severamente la economía de las familias mexicanas. Cerca de 56 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y de estas, 19.5 millones son menores de 18 años. Además, 11 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, cuatro millones son menores de edad.

De igual forma, la inflación alimentaria ha alcanzado niveles preocupantes que no se habían registrado en los últimos 23 años. La tasa se elevó en un 11.58% de acuerdo al Inegi. El encarecimiento de alimentos es mayor en 16 estados donde se concentra una población superior a los 54 millones de habitantes y 21.3 millones están en la franja de la pobreza. Campeche, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades con mayor inflación alimentaria, alcanzando una tasa de 14.04%, 13.28% y 13.12% respectivamente.

El efecto se debe al repunte de precios de bienes y servicios. La mayor alza se ha registrado en aceites, pan, tortillas, cereales y carnes. En frutas y hortalizas el incremento no es la excepción, por ejemplo, el limón tuvo un aumento anual del 165%, la cebolla del 87%, el aguacate del 86% y el chile poblano del 63%. La lista sigue. Difícilmente se podrá llevar platillos saludables a las mesas de los hogares mexicanos ante el desmesurado incremento de los productos para la comida.

Para proveer y garantizar la seguridad alimentaria es necesario reformar la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Asistencia Social y así, implementar el Programa Hambre Cero a cargo de la Secretaría de Bienestar en coordinación con el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y tracen políticas públicas para la población en situación de vulnerabilidad en zonas de alta y muy alta marginación donde se distribuya una alimentación sana, nutritiva y suficiente en al menos dos ocasiones al día a través de una red nacional de comedores populares y comunitarios.

Para un acceso efectivo a todos los derechos humanos, es menester el derecho a la alimentación y de esta forma, combatir la malnutrición que trae consigo consecuencias graves para el desarrollo físico, mental, causantes de enfermedades. Todo México debe gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible. Hambre cero es un derecho sin salvedades.
El gobierno tiene la obligación de erradicar el hambre, cruel realidad de la pobreza y desigualdad social. La Constitución en su artículo 4° mandata: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y el Estado lo garantizará”. El reto es complejo si tomamos en cuenta la histórica disparidad en la distribución de la riqueza aunado a la actual crisis sanitaria que ha impactado severamente la economía de las familias mexicanas. Cerca de 56 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y de estas, 19.5 millones son menores de 18 años. Además, 11 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, cuatro millones son menores de edad.