Es necesaria una regulación que mejore la tecnología de seguridad vehicular, que priorice el transporte público y la protección a peatones – OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud – PAHO

México, 16 de marzo de 2022 – Actualmente, 70 por ciento de la inversión en infraestructura vial privilegia a los automovilistas, al mismo tiempo, los hechos de tránsito en México cobran la vida de alrededor de 16 mil personas cada año, siendo la segunda causa de muerte entre los 5 y 34 años. Además, alrededor de 134 mil personas resultan lesionadas y, de éstas, 40 mil adquieren algún tipo de discapacidad permanente; por lo que el proyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca que estos recursos impulsen mejoras en la seguridad de los vehículos, la construcción de vías para vehículos no motorizados, el transporte público y la protección de peatones.
Esta ley, que fue aprobada por la Cámara de Senadores, será votada próximamente, en la Cámara de Diputados y contempla importantes recomendaciones de la OMS para salvar vidas contenidas en el Plan Global de Acción por la Seguridad Vial, como es la atención a los factores de riesgo a través del enfoque en la construcción de un sistema seguro que pone en el centro a las personas; el reconocimiento a los derechos de las víctimas de siniestros viales, el reconocimiento a los diversos patrones de movilidad y consideraciones de género y las relacionadas con el cuidado de terceras personas para lograr equidad; la promoción de la movilidad activa, saludable y segura.
Lo anterior, en observancia a los marcos jurídicos de México, para otorgar responsabilidades diferenciadas a los distintos ámbitos de gobierno en el país; se trata de una ley construida durante 6 años de trabajo a través de una amplia participación ciudadana, de expertos, especialistas, activistas, familiares de víctimas y académicos, construyendo consensos con todas las fuerzas parlamentarias de México.
De acuerdo a un estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con Latin NCAP y la Comisión Económica para América Latina y el Cariba (CEPAL), se podrían salvar 5,627 vidas al año de incorporar más y mejor tecnología de seguridad vehicular, además que permitiría disminuir los impactos a la economía por siniestros de tránsito. Los gastos derivados de la inseguridad vial y la baja seguridad vehicular se estiman entre el 1% y ell 3.5% del PIB. El introducir tecnología de seguridad vehicular podría traducirse en un crecimiento anual del PIB como mínimo del 1.2%, así como un incremento del 1.05% en la tasa de empleo.
Por lo tanto, desde la OPS nos complace que el texto del proyecto de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) aborde de forma completa e integral el problema de movilidad y seguridad vial, incluyendo una regulación que aborda el tema de vehículos más seguros, lo cual, permitirá salvar vidas humanas, evitar lesiones graves, así como la mitigación del sufrimiento humano.
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud
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