Disco duro | Propaganda gubernamental, regresión autoritaria – El Sol de México

Periodista con más de tres décadas de experiencia, ocupando siempre puestos editoriales desde columnista de negocios turísticos, redactor de temas de seguridad nacional, Subdirector de Opinión. Cotitular de programas informativos en Radio ABC y Radio Ibero. Coautor del libro “México Armado, Crónica de la Guerrilla en México 1943-1981”. Analista de temas de seguridad de la cadena NTN24. Tengo maestría en Administración por la Universidad Iberoamericana. Actualmente soy el Coordinador nacional de Opinión de la Organización Editorial Mexicana. Voy Pumas y disfruto el tenis.
/ sábado 12 de marzo de 2022
Con la consigna de que el INE y el Tribunal Electoral aplican de manera excesiva la censura gubernamental en tiempos de veda –lo que molesta al presidente López Obrador que quiere hacer propaganda todo el tiempo–, los diputados de Morena acabaron con el concepto vigente de propaganda gubernamental bajo la idea de un ambiguo interés público, para que los funcionarios puedan difundir obra de gobierno en tiempos electorales.
Cuando era oposición, el actual grupo en el poder, pugnó, con justa razón, para que la millonaria maquinaria de propaganda oficial de panistas y priístas no distorsionara la equidad de las contiendas electorales. Sin embargo, ahora que detentan el poder, eso de la equidad no les parece.
El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular una iniciativa para que los dichos de los servidores públicos no sean tomados como propaganda gubernamental. Ésta fue enviada al Senado, donde tendrá que ser revisada.
La iniciativa presentada de último minuto y con urgencia por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna redefine el concepto de propaganda gubernamental, ya que, desde su perspectiva, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) han emitido una diversidad de criterios judiciales poco claros, inexactos y contradictorios.
Le parece que el concepto de publicidad oficial no considera las expresiones personales de las personas servidoras públicas, es decir, que no se ha analizado el alcance del ejercicio de la libertad de manifestación de los funcionarios.
Considera que el TEPJF, arbitrariamente, ha establecido un concepto ajeno a la voluntad del Poder Legislativo respecto de propaganda gubernamental, es decir, ha emitido una norma que no existe, para sancionar una conducta que ni siquiera se insinúa en el texto normativo y ha determinado incluso sanciones para combatir esta conducta y ha definido a la autoridad que le corresponde ejecutarlas.
Su decreto determina que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.
En este mismo documento tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas.
La iniciativa es regresiva de lo alcanzado hasta ahora en materia de imparcialidad y equidad electoral. Se dejan de lado los criterios que el TEPJF y el INE han emitido por más de dos décadas para definir o delimitar lo que se considera como propaganda gubernamental, sobre todo los relacionados con las expresiones, opiniones y señalamientos que el Presidente de la República realiza de forma ordinaria dentro de sus conferencias mañaneras, aun cuando se ha acreditado que busca influir en las contiendas electorales y ahora en la revocación de mandato.
Pretenden difundir todo tipo de propaganda durante los periodos considerados como prohibidos con la finalidad de promover acciones, obras y gestiones gubernamentales para promocionarse de cara a cualquier proceso electoral, consulta popular y de Revocación de Mandato.
Es altamente probable que esta ley termine judicializándose y acentuando la polarización política que ya existe en el país. El Senado tiene una enorme responsabilidad con el país ante lo que parece ser una seria regresión autoritaria.
Con la consigna de que el INE y el Tribunal Electoral aplican de manera excesiva la censura gubernamental en tiempos de veda –lo que molesta al presidente López Obrador que quiere hacer propaganda todo el tiempo–, los diputados de Morena acabaron con el concepto vigente de propaganda gubernamental bajo la idea de un ambiguo interés público, para que los funcionarios puedan difundir obra de gobierno en tiempos electorales.
Cuando era oposición, el actual grupo en el poder, pugnó, con justa razón, para que la millonaria maquinaria de propaganda oficial de panistas y priístas no distorsionara la equidad de las contiendas electorales. Sin embargo, ahora que detentan el poder, eso de la equidad no les parece.
El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular una iniciativa para que los dichos de los servidores públicos no sean tomados como propaganda gubernamental. Ésta fue enviada al Senado, donde tendrá que ser revisada.
La iniciativa presentada de último minuto y con urgencia por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna redefine el concepto de propaganda gubernamental, ya que, desde su perspectiva, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) han emitido una diversidad de criterios judiciales poco claros, inexactos y contradictorios.
Le parece que el concepto de publicidad oficial no considera las expresiones personales de las personas servidoras públicas, es decir, que no se ha analizado el alcance del ejercicio de la libertad de manifestación de los funcionarios.
Considera que el TEPJF, arbitrariamente, ha establecido un concepto ajeno a la voluntad del Poder Legislativo respecto de propaganda gubernamental, es decir, ha emitido una norma que no existe, para sancionar una conducta que ni siquiera se insinúa en el texto normativo y ha determinado incluso sanciones para combatir esta conducta y ha definido a la autoridad que le corresponde ejecutarlas.
Su decreto determina que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.
En este mismo documento tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas.
La iniciativa es regresiva de lo alcanzado hasta ahora en materia de imparcialidad y equidad electoral. Se dejan de lado los criterios que el TEPJF y el INE han emitido por más de dos décadas para definir o delimitar lo que se considera como propaganda gubernamental, sobre todo los relacionados con las expresiones, opiniones y señalamientos que el Presidente de la República realiza de forma ordinaria dentro de sus conferencias mañaneras, aun cuando se ha acreditado que busca influir en las contiendas electorales y ahora en la revocación de mandato.
Pretenden difundir todo tipo de propaganda durante los periodos considerados como prohibidos con la finalidad de promover acciones, obras y gestiones gubernamentales para promocionarse de cara a cualquier proceso electoral, consulta popular y de Revocación de Mandato.
Es altamente probable que esta ley termine judicializándose y acentuando la polarización política que ya existe en el país. El Senado tiene una enorme responsabilidad con el país ante lo que parece ser una seria regresión autoritaria.
Alejandro Jiménez
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