/ lunes 26 de diciembre de 2022
Lo popular no necesariamente es lo democrático. México sin duda está pasando por una crisis democrática regresiva. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos no creen que la democracia sea el mejor de los regímenes políticos.
La democracia mexicana es relativamente joven. Varios hitos históricos marcaron los avances democráticos como el auge de la sociedad civil organizada a mediados de los 80, la creación de organismos autónomos como la autoridad electoral autónoma o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los 90, o la transición partidista en el 2000 entre otros. Hoy, después de cuatro años México se está transformando en un régimen cada vez más personalista que concentra el poder en las manos del ejecutivo beneficiándole a un solo partido político, violentando la letra y el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de los compromisos internacionales en la impunidad.
Una de las bases de la democracia es la garantía de elecciones plurales y libres. Se había logrado gracias a un andamiaje institucional profesional serio y legitimado por la población después de épocas largas del famoso dedazo presidencial para la sucesión o incluso con fraude desde las esferas más altas del poder como la del 1988 orquestada supuestamente por Manuel Bartlett, histórico político priista, hoy en un puesto clave de la 4T. El presidente López Obrador envío una iniciativa de desmantelamiento del INE así como de los institutos locales y de la justicia electoral local. Esta reforma inconstitucional es regresiva para los derechos de las minorías y grupos históricamente vulnerados que habían conseguido pocos espacios de participación, hoy diluidos con la reforma. Esta reforma electoral no fue consensuada. Fue impuesta, sin participación ciudadana, y favorece al partido en el poder además de empoderar a partidos sobrerrepresentados que violan la ley electoral constantemente, pero son aliados del régimen, como el Partido Verde.
El Congreso de la Unión se ha vuelto oficialía de partes de la presidencia de la república sin balance de poder, ni análisis o discusión legislativa bajo los principios de la dictadura del número o de la mayoría de los votos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se convirtió en la vocería del presidente caracterizándose por su omisión en grandes violaciones de Estado de este sexenio y por la intromisión en asuntos que no le corresponde. El poder judicial ha sido víctima de presiones de alto nivel, amenazas directas y la Suprema Corte incluso ha perdido de su autonomía garante. En paralelo la militarización de la vida pública sigue caminando y pisando fuerte en la opacidad sin que nada, ni nadie la pare.
El desprecio a los medios de comunicación o periodistas críticos y el ataque permanente a la sociedad civil organizada y a las personas defensoras también son expresiones del golpe a la democracia mexicana que en vez de consolidarse se ha venido pulverizando o cooptando por el avance del autoritarismo de Estado.
Una vez más en la historia parece que el PRI cambió de nombre para llamarse MORENA, un partido de Estado omnipresente y dirigido por la voz de un solo hombre desde la tribuna mañanera, que hoy apoya todo lo que pretendía combatir. Tal vez porque el ADN priista nunca desaparece.
Lo popular no necesariamente es lo democrático. México sin duda está pasando por una crisis democrática regresiva. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos no creen que la democracia sea el mejor de los regímenes políticos.
La democracia mexicana es relativamente joven. Varios hitos históricos marcaron los avances democráticos como el auge de la sociedad civil organizada a mediados de los 80, la creación de organismos autónomos como la autoridad electoral autónoma o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los 90, o la transición partidista en el 2000 entre otros. Hoy, después de cuatro años México se está transformando en un régimen cada vez más personalista que concentra el poder en las manos del ejecutivo beneficiándole a un solo partido político, violentando la letra y el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de los compromisos internacionales en la impunidad.
Una de las bases de la democracia es la garantía de elecciones plurales y libres. Se había logrado gracias a un andamiaje institucional profesional serio y legitimado por la población después de épocas largas del famoso dedazo presidencial para la sucesión o incluso con fraude desde las esferas más altas del poder como la del 1988 orquestada supuestamente por Manuel Bartlett, histórico político priista, hoy en un puesto clave de la 4T. El presidente López Obrador envío una iniciativa de desmantelamiento del INE así como de los institutos locales y de la justicia electoral local. Esta reforma inconstitucional es regresiva para los derechos de las minorías y grupos históricamente vulnerados que habían conseguido pocos espacios de participación, hoy diluidos con la reforma. Esta reforma electoral no fue consensuada. Fue impuesta, sin participación ciudadana, y favorece al partido en el poder además de empoderar a partidos sobrerrepresentados que violan la ley electoral constantemente, pero son aliados del régimen, como el Partido Verde.
El Congreso de la Unión se ha vuelto oficialía de partes de la presidencia de la república sin balance de poder, ni análisis o discusión legislativa bajo los principios de la dictadura del número o de la mayoría de los votos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se convirtió en la vocería del presidente caracterizándose por su omisión en grandes violaciones de Estado de este sexenio y por la intromisión en asuntos que no le corresponde. El poder judicial ha sido víctima de presiones de alto nivel, amenazas directas y la Suprema Corte incluso ha perdido de su autonomía garante. En paralelo la militarización de la vida pública sigue caminando y pisando fuerte en la opacidad sin que nada, ni nadie la pare.
El desprecio a los medios de comunicación o periodistas críticos y el ataque permanente a la sociedad civil organizada y a las personas defensoras también son expresiones del golpe a la democracia mexicana que en vez de consolidarse se ha venido pulverizando o cooptando por el avance del autoritarismo de Estado.
Una vez más en la historia parece que el PRI cambió de nombre para llamarse MORENA, un partido de Estado omnipresente y dirigido por la voz de un solo hombre desde la tribuna mañanera, que hoy apoya todo lo que pretendía combatir. Tal vez porque el ADN priista nunca desaparece.
Aurelien Guilabert
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