Al anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación lo rige una visión centralista que excluye a las Instituciones de Educación Superior como generadoras de conocimiento y tampoco permite la participación de la comunidad científica, aseveró la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.
La rectora señaló que esta iniciativa fue presentada por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, a finales del 2020, sin embargo, su discusión se mantiene dada la preocupación que ha despertado en el sector académico.
Esta concentración, advirtió, se refleja en la conformación de un Consejo Nacional que, a su vez, contempla una Junta de Gobierno, encabezada por el Presidente de la República, la directora general del Conacyt, las secretarías de Estado, representantes regionales de los gobiernos estatales e invitados del sector social, privado y de la comunidad de ciencia y tecnología; no obstante, la voz y el voto solo se otorga a los primeros cuatro.
En cuanto al Órgano Consultivo que propone el anteproyecto, destacó que sus integrantes únicamente cuentan con voz y no pueden incidir en las decisiones.
Además, solo tiene como participantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tres instituciones o centros de investigación a sugerencia de la Dirección General del Consejo Nacional; es decir, tampoco participan todas las universidades, lamentó García Gasca.
El documento puesto a discusión no está armonizado con otras normativas vigentes importantes como la Ley General de Educación o la Ley General de Educación Superior; minimiza el trabajo en la ciencia básica y da un impulso preponderante a la ciencia aplicada; establece que los apoyos y el financiamiento público se canalizará preferencialmente al cumplimiento de actividades que defina la agenda de Estado; limita el ejercicio de la autonomía de las instituciones para desarrollar investigación científica y tecnológica, de acuerdo a sus intereses y normas.
La iniciativa propone que el Consejo Nacional determine los criterios y los porcentajes conforme a los cuales el personal adscrito a los centros públicos de investigación pueda participar de ingresos asociados a autoría intelectual; igualmente, arguyó en torno a la centralización, desaparece la obligación del Estado para destinar al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia y tecnología, tampoco favorece el establecimiento de compromisos de financiamiento multianual y lo limita exclusivamente a los sexenios.
Fueron expuestos los puntos durante el Foro “Ciencia y Educación Superior en México: momento crítico”, organizado en el Senado, donde Teresa García Gasca tuvo participación.
JLMR
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