A la sombra El Sol de México
/ miércoles 30 de marzo de 2022
Lastimoso está resultando el fin de sexenio del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien vive cercado por el crimen organizado que cada vez gana más espacios en la entidad. Tan crispados están los ánimos, que un ruido fuerte en el aeropuerto fue confundido con una balacera, cosa creíble ya que los ataques en hoteles y bares son de todos los días.
Todo apunta que los hechos de sangre que se acumulen de aquí al 5 de junio próximo, día de la elección para renovar la gubernatura, confirmarán la tendencia marcada en las encuestas de que otorgan el triunfo a la candidata de Morena, Mara Lezama, seguida de cerca por el senador José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano. Con su inoperancia, el gobernador acabó con cualquier posibilidad de triunfo para PAN y PRD, que lo respaldaron.
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No tarda en salir humo blanco del Senado de la República, que preside Ricardo Monreal, donde se procesan los nombres de los nuevos comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que tienen que estar nombrados ya, porque mañana concluyen sus responsabilidades como comisionados Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Sin mucho ruido público se han ido decantando de 48 perfiles propuestos a sólo 10. Podemos adelantarle que en una primera lista de avanzada están Julio César Bonilla, ex presidente del instituto de transparencia de la Ciudad de México, y su compañera comisionada Marina San Martín, también Orlando Espinosa, Ricardo León Caraveo, Ángeles Guzmán García, Yadira Alarcón, Hertino Avilés y Evelia Elizabeth Monribot, pero no descarte sorpresas.
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De manera discreta, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no deja de platicar con los actores políticos. Ayer recibió al coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Cházaro, con quien conversó sobre temas como la reforma energética enviada al Congreso por el Presidente, que al propio líder histórico de la izquierda mexicana no le gusta, por padecer de lo que él ha calificado en otras ocasiones de “problemas conceptuales y errores de técnica legislativa”.
Seguramente en la reunión de ayer hubo posiciones coincidentes, pues el propio perredismo ha planteado que los cambios que requiere el sector energético deben de buscar mecanismos para producir y consumir energías limpias y renovables, así como garantizar la reducción en los costos del servicio para el consumidor doméstico, sin que se afecte al erario público, que no se cumplen en la iniciativa presidencial.
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Y para quienes afirman que los think tanks mexicanos no sirven para nada, ahí está el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad, hoy dirigido por Valeria Moy. Hace 14 años, el IMCO diagnosticó que la información sobre las finanzas públicas estatales no existía, estaba incompleta o era heterogénea y dispersa. Por ello, en 2008 inició la medición del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), como un esfuerzo para medir y mejorar la calidad de la información presupuestal en los estados.
De este esfuerzo ha resultado que entre 2008 y 2022, los estados han logrado pasar de un cumplimiento promedio del 53% a un 93%, 40 puntos porcentuales por encima de la primera evaluación.
Lastimoso está resultando el fin de sexenio del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien vive cercado por el crimen organizado que cada vez gana más espacios en la entidad. Tan crispados están los ánimos, que un ruido fuerte en el aeropuerto fue confundido con una balacera, cosa creíble ya que los ataques en hoteles y bares son de todos los días.
Todo apunta que los hechos de sangre que se acumulen de aquí al 5 de junio próximo, día de la elección para renovar la gubernatura, confirmarán la tendencia marcada en las encuestas de que otorgan el triunfo a la candidata de Morena, Mara Lezama, seguida de cerca por el senador José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano. Con su inoperancia, el gobernador acabó con cualquier posibilidad de triunfo para PAN y PRD, que lo respaldaron.
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No tarda en salir humo blanco del Senado de la República, que preside Ricardo Monreal, donde se procesan los nombres de los nuevos comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que tienen que estar nombrados ya, porque mañana concluyen sus responsabilidades como comisionados Oscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Sin mucho ruido público se han ido decantando de 48 perfiles propuestos a sólo 10. Podemos adelantarle que en una primera lista de avanzada están Julio César Bonilla, ex presidente del instituto de transparencia de la Ciudad de México, y su compañera comisionada Marina San Martín, también Orlando Espinosa, Ricardo León Caraveo, Ángeles Guzmán García, Yadira Alarcón, Hertino Avilés y Evelia Elizabeth Monribot, pero no descarte sorpresas.
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De manera discreta, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no deja de platicar con los actores políticos. Ayer recibió al coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Cházaro, con quien conversó sobre temas como la reforma energética enviada al Congreso por el Presidente, que al propio líder histórico de la izquierda mexicana no le gusta, por padecer de lo que él ha calificado en otras ocasiones de “problemas conceptuales y errores de técnica legislativa”.
Seguramente en la reunión de ayer hubo posiciones coincidentes, pues el propio perredismo ha planteado que los cambios que requiere el sector energético deben de buscar mecanismos para producir y consumir energías limpias y renovables, así como garantizar la reducción en los costos del servicio para el consumidor doméstico, sin que se afecte al erario público, que no se cumplen en la iniciativa presidencial.
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Y para quienes afirman que los think tanks mexicanos no sirven para nada, ahí está el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad, hoy dirigido por Valeria Moy. Hace 14 años, el IMCO diagnosticó que la información sobre las finanzas públicas estatales no existía, estaba incompleta o era heterogénea y dispersa. Por ello, en 2008 inició la medición del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), como un esfuerzo para medir y mejorar la calidad de la información presupuestal en los estados.
De este esfuerzo ha resultado que entre 2008 y 2022, los estados han logrado pasar de un cumplimiento promedio del 53% a un 93%, 40 puntos porcentuales por encima de la primera evaluación.
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