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México atroz – El Economista

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febrero 12, 2022

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No es fácil levantarse cada mañana y leer, una tras otra, noticias de atrocidades que suceden en este país. Aunque se dan horrores en otros sitios de este infeliz planeta, los de aquí nos tocan de cerca y pesan más, corroen la esperanza de que, tras años de violencias acumuladas, algo cambie. Expectativa quizá ridícula pero destello de esperanza al fin. En este inicio de día y de semana compruebas que vives en un país destrozado, donde hasta la palabra atrocidad es insuficiente para decir lo que es y lo que sientes ante esto. Las palabras parecen vaciarse de sentido. Pero este lunes, como otros días, hay que aferrarse a pensar esa realidad que, así sea de lejos, nos con-mueve; aferrarse a la reflexión en medio del ruido mediático que se llevará en unas horas ese asesinato, esa desecración, esa masacre, con algún distractor; aferrarse a la palabra que ayuda a pensar contra aquélla que minimiza, oculta, descalifica lo terrible, y ataca a quienes dicen y escriben, denuncian, el terror vivido y las condiciones que lo hacen posible.
El domingo por la tarde fue asesinada en Tijuana la periodista Lourdes Maldonado, quien se ocupaba de temas de corrupción y política, según Animal Político. En 2019 asistió a una conferencia  mañanera para pedir apoyo del presidente en la resolución de un pleito laboral de más de 6 años con el entonces candidato a gobernador Jaime Bonilla, antes dueño de un medio en que ella trabajaba. Maldonado  planteó su problema como un asunto de justicia laboral pues el proceso se había de pronto revertido contra ella, en beneficio de Bonilla, lo que sugiere abuso de influencias. Su intervención apunta a una de las fallas de este gobierno, más evidente después en los casos de Salgado Macedonio y otros actores políticos: la falta de ética que lleva a encumbrar o proteger a personajes cuya conducta ha sido públicamente cuestionada y/o denunciada, que incluso deberían ser investigados por denuncias de delitos graves.
En una ciudad donde prosperan todo tipo de criminales desde hace décadas, tal vez el móvil no fuera “político”, como afirmó el presidente. Esto no disminuye la gravedad del caso ni la responsabilidad del Estado, en particular del gobierno federal. Maldonado es la segunda periodista asesinada en Tijuana y la tercera en el país sólo en enero. En este sexenio ya se cuentan 28 periodistas caídos bajo las armas de criminales (organizados o no, políticos o no), a la sombra de la impunidad perpetuada y favorecida por la indiferencia de un gobierno que mantiene un mecanismo de protección a periodistas y defensores que no funciona y no la protegió a ella. Es sólo un mecanismo de simulación para consumo externo.
Estos asesinatos, dirá el discurso oficial, no surgieron en 2018. Cierto. Pero eso no justifica que México hoy sea, junto con Afganistán (desolado por la guerra y el caos), el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Menos justifica que el discurso presidencial siga descalificando a medios y periodistas críticos y que los subordinados en los estados  le hagan coro, en un afán de minimizar y desentenderse de lo que significa matar a quienes documentan atrocidades, corruptelas, abusos de poder y violencias cotidianas que devastan la vida de millones de personas y degradan la vida social. Tal vez crean que les conviene dejar silenciar a esas voces incómodas, si no silenciarlas ellos mismos. Se equivocan.  
Los efectos de la impunidad y la violencia, pasada y presente, son ya terribles. Lo insoportable hoy es que los asesinatos impunes de periodistas son sólo otra manifestación extrema de la podredumbre de un país donde se puede impunemente desenterrar el cadáver de un bebé en Iztapalapa, cruzar límites estatales, introducirlo en un penal en Puebla y tirarlo a la basura. Mientras el cinismo y la frivolidad en las mañaneras y en la “oposición” (con sus candidatos impresentables) siguen… imperturbables.
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Crítica cultural
Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).
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