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Arte y cultura

Intervención de Lorenzo Córdova, en la XXXIII Asamblea Ordinaria de Asociados de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México – Central Electoral – Central Electoral

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junio 03, 2022

Muy buenos días tenga todas y todos ustedes.
Es un verdadero privilegio estar aquí en esta XXXIII Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
La última ocasión que tuve el privilegio de estar con ustedes, si mal no recuerdo fue en Campeche, así que ya tenía un tiempo de no vernos, se nos atravesó la pandemia y es para mí verdaderamente un placer poder participar en esta asamblea que con quienes son, lo digo sin medias tintas, socios estratégicos del Instituto Nacional Electoral en, pues la tarea de volver realidad, no solamente el modelo de comunicación política que desde hace 15 años está vigente en nuestro país y que ha permitido nuevas condiciones de equilibrio en la competencia electoral.
Sino también, una sociedad que se vuelve fundamental en un compromiso compartido, tanto del INE, como de todas las televisoras y radiodifusoras públicas del país, que es justamente la promoción de la cultura democrática en un contexto en el mundo en donde la democracia está enfrentando una serie de retos, de desafíos no menores, derivados de una serie de fenómenos nuevos, fenómenos globales, fenómenos que tienen un alto grado de disruptividad, como por ejemplo, el de la desinformación o las noticias falsas, que se han convertido con claramente, sobre todo por la irrupción de las redes sociales y la potencialidad de difusión que hoy tiene la mentira en uno de los grandes problemas que los sistemas democráticos enfrentamos.
No porque la mentira sea nueva, la mentira ha acompañado a la política desde sus orígenes, sino porque hoy, justamente con estos nuevos multicanales, espacios de comunicación, pues la mentira adquiere un potencial nocivo que tiene que llevar a los órganos que garantizan y resguardan el funcionamiento de la democracia, a través de la promoción de sus valores y, sobre todo, en la generación de información cierta, objetiva y, en la medida de lo posible, verificable, pues acaban siendo, pues digámoslo así, exigidos, precisamente para que el potencial disruptivo de las noticias falsas no permee y no erosione el funcionamiento mismo de la democracia.
Así que deberás, estar con ustedes en esta, que son vuelvo a insistir, aliados estratégicos, pero, sobre todo, también, una punta de lanza de garantías del funcionamiento de la democracia generando información cierto, objetiva y acompañar en esta tarea a las organismos electorales, pues para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes.
Yo quiero agradecer en particular a Jorge Manuel, al Presidente de la Red, no sólo por la invitación, si no, además, por la generosidad para permitirme pues hablar prácticamente o escoger mi tema de manera libre.
Yo he querido y a eso me voy a avocar hoy con ustedes, a hacer una serie de reflexiones sobre todo en un contexto en el que se está planteando hacia el futuro la posibilidad de una reforma electoral.
Hablar del estado de salud de nuestro sistema electoral y, sobre todo, a la luz de apenas después de la de la exposición del director del Canal del Congreso, que hablaba, entre otras cosas, de su rol, del rol de este medio publicó al que le tengo un enorme aprecio, porque pues me permitió, hace ya algunos años, de hace 13 años, en un programa que me que conduje y que ayude a gestar en el propio Canal del Congreso, el primer premio nacional de periodismo que me dio el Club de Periodistas de México.
Así que es una instancia, un medio público al que le tengo un enorme afecto.
Bueno, se hablaba justamente del rol del Canal del Congreso y de los medios públicos en general, en estos espacios de discusión que son fundamentales en el contexto democrático, que son los llamados parlamentos abiertos, que no son espacios para sustituir las instancias de decisión, es una responsabilidad que sigue quedando como democracia representativa que somos, en los legisladores y legisladoras, pero pues sí tiene alguna función de transparencia y de involucramiento, digámoslo así, en discusiones que son de amplio impacto, en decisiones que son de amplio impacto, pues de la propia ciudadanía.
Lo electoral no es una excepción, así que he querido en esta ocasión, hacer una serie de referencias, no tanto en los contenidos de las reformas electorales.
Creo que, como Presidente del Consejo General del INE y el INE en particular, tenemos que ser muy deferentes frente a las a las decisiones políticas que se toman en el Congreso y que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio de la normatividad en esta materia.
No quiero, ni pretendo, claro que tenemos nuestro juicio sobre las distintas iniciativas que se han presentado, pero creo que es muy importante y para mí es lo fundamental, poder hacer unas reflexiones sobre el contexto y, digámoslo así, las condiciones que serían deseables de cara a la gestación de consensos en torno a los cambios electorales.
No quiero hablar pues, de los contenidos en específico, si quieren y entiendo que habrá espacio para algunas preguntas y respuestas.
Si quieren preguntarme, por supuesto, podrán hacerlo, pero ya de entrada les digo que no voy a juzgar yo como Presidente, no me toca, los contenidos.
Lo que sí nos toca justamente como autoridad electoral, es poner a disposición de quienes son los responsables de hacer estos cambios, de las y los legisladores, toda la información e incluso los análisis que sean necesarios.
Desde el arranque de la LXIV Legislatura, yo le dije al Presidente Muñoz Ledo, el Presidente del Congreso, que contará con el Instituto Nacional Electoral para que si se procesaba una reforma electoral, pudieran tener toda la información, los diagnósticos e incluso el procesamiento de las reflexiones o de las consecuencias eventuales que pueden tener los cambios en materia electoral.
Y eso sigue vigente, sigue en nuestra lógica. Y eso pasa precisamente, por no ser nosotros quienes juzgamos, porque no nos toca como autoridad electoral, las distintas propuestas de cambio que se han realizado.
Ahora bien, para hablar de los cambios en materia electoral, me parece que lo indispensable es hacer un balance de dónde estamos.
Si no sabemos, si no tenemos claridad y un buen diagnóstico de dónde estamos, en términos del sistema electoral, difícilmente podremos, digamos, abordar seriamente una discusión de hacia dónde queremos ir.
El diagnóstico de lo que tenemos, de nuestras fortalezas, de las oportunidades que tiene nuestro sistema electoral, es el punto de partida de una discusión en torno a una reforma electoral.
Si no sabemos qué es lo que queremos modificar, pues no tiene sentido plantear cambios a un sistema que ha costado muchísimo tiempo construir.
Y, eso me lleva a una segunda premisa, para poder hacer un balance de si nuestro sistema electoral funciona o no, pues tenemos que saber de dónde venimos y cuáles son los propósitos que a lo largo del tiempo buscaron conseguirse, los problemas que buscaron resolverse o las necesidades que buscaron atenderse con los cambios electorales que se han gestado en el pasado.
Así que permítame, de alguna manera sintetizar lo que quiero aquí charlar con ustedes, es de dónde venimos, cómo estamos y eventualmente hacia dónde vamos en materia electoral, en términos de nuestro sistema electoral, es decir, del conjunto de instituciones, reglas y procedimientos que regulan a las elecciones en México.
Comienzo con una reflexión de dónde venimos, sin pretender con esto hacer, digámoslo así, un análisis detallado de este largo proceso de transición a la democracia que justo el mes pasado, en abril, pues cumplió 45 años si se toma como punto de partida y varios lo han hecho en ese sentido, aquel célebre discurso de don Jesús Reyes Heroles el 1° de abril de 1977 en Chilpancingo, cuando anunció cuál era el propósito de la primera gran reforma en clave democratizadora que tuvo nuestro país en aquel año y que, aunque no fue la primera, sí puede considerarse desde muchos puntos de vista como el punto de partida del conjunto de transformaciones que democratizó el país.
Insisto, había habido reformas previamente, pero fueron reformas sin el alcance necesario y sin la profundidad suficiente para poder permitir la democratización de nuestro sistema político.
Las primeras láminas, bueno esto se los dejo ahí, información adicional, incluso al final, no me voy a meter, pero insisto, hay alguna sugerencia de hacia dónde habría que mejorar el tema electoral, si en las preguntas y respuestas alguien quiere avanzar en ese sentido, yo les diría que valdría la pena mejorarle, desde el punto de vista del árbitro, insisto, siendo muy respetuoso de quienes toman las decisiones.
Si me ayudan pasando y aquí les voy a pedir que me ayuden pasando varias láminas, no sé si alguien, o hay control por acá. ¿Alguien me puede ayudar con las?, bueno y si no este, si no me van, bueno y si no voy arrancando.
El punto de partida es el siguiente, insisto, sin querer hacer con ustedes -ahí estamos- sin querer y vamos pasando tres más, por favor, si me hacen, un par más, otra y la que sigue.
Bien, el punto de partida de toda esta historia es tratar de transformar un régimen político cerrado, vertical, autoritario y profundamente excluyente que fue el que caracterizó el sistema presidencial que fue cuajando como resultado, digamos, de la construcción del sistema político derivado de la Revolución Mexicana en el siglo pasado.
Creo que un par de datos pueden ilustrar de dónde venimos, el punto de partida del arranque de nuestra transición. De 1953 a 1978, 25 años, el sistema de partidos en México fue completamente estático, hermético e impermeable a nuevas alternativas, había cuatro partidos políticos: el PRI que era el partido gobernante; el PAN que era el único partido real de oposición y dos partidos más a los que se les llamaba partidos satélites, el PARM y el PMS que, ¡hombre!, al final acababan postulando, acabaron postulando durante todo este periodo a los mismos candidatos a la Presidencia que postulaba el PRI.
En realidad, era un sistema que, si se le ve en abstracto, podría hablarse de un sistema estable, pequeño de partidos e inmóvil, pero lo que estábamos viendo en la realidad es justamente, justo en este periodo, una serie de movilizaciones que estaban demostrando el agotamiento de ese régimen excluyente e impermeable a la pluralidad política.
Coinciden en este periodo las movilizaciones sindicales, ferrocarrileras, electricistas, las movilizaciones en las universidades, los movimientos estudiantiles que fueron ferozmente reprimidos igual que los movimientos sindicales e incluso el surgimiento de guerrillas rurales y urbanas que demostraban el agotamiento del régimen y que incluso había quien estaba dispuesto a recurrir a vías extralegales para acceder al poder político.
Lo que teníamos era un profundo contraste entre el país real, lo que estaba ocurriendo, un país que, sin duda, tenía una fuerza política mayoritaria, pero que también implicaba la existencia a una serie de nuevas movilizaciones sociales, nuevas expresiones políticas que no tenían cabida en el espacio institucional.
Y, por el otro lado, un país, el país legal, el país de las leyes que era un país, pues hombre, en el que reiteradamente, recurrentemente se hacían elecciones, se sabía de antemano quién iba a ganar las mismas, en done había una oposición exigua y, hombre, aparentemente era un país sin grandes movimientos, digámoslo así, o cambios sociales y políticos.
En realidad, era un contraste, un contraste brutal, y la gota que derramó el vaso fuel el proceso electoral de 1976, en donde un solo candidato se inscribió para competir por la Presidencia de la República, José López Portillo que con la frase que él mismo recuerda en sus memorias, ¿no?, con la que arrancó su campaña electoral, daba buena cuenta de cómo el sistema político que existía entonces era un sistema rebasado y agotado.
Decía José López Portillo que bastaba que su mamá votara por él para que fuera el siguiente Presidente de México, y lo peor del asunto es que tenía razón, no votó solo su mamá por él, pero evidentemente eso hablaba de un sistema completamente agotado y rebasado.
Así que la primera necesidad, el primer problema que tuvo que enfrentarse, fue el de abrir el sistema político frente a esa germinal pluralidad que estaba ya gestándose y que estaba cobrando forma en nuestro país.
Hay muchas maneras de interpretar el proceso de cambio político que arrancó desde 1977, hay muchos autores, José Woldenberg, entre otros que han hecho un análisis detallado de todas las reformas electorales que fueron encausando ese cambio. No pretendo hacer aquí con ustedes esa reconstrucción, sino más bien, tratar de identificar cuáles son los grandes momentos, es decir, cuáles son las grandes preocupaciones articuladas a través de las necesidades que se fueron atendiendo con las distintas reformas electorales y que poco a poco fueron transformando, y de manera muy profunda al final del día, a nuestro país.
Creo que es importante aquí, y hago un paréntesis, distinguir nuestra transición del resto de las transiciones en el mundo.
Nuestra transición es una transición muy particular, es una transición lenta, gradual, progresiva, acumulativa que puede interpretarse, mas no gráficamente, como una especie de capas de sedimentos que se van acumulando, así como los cortes que se hacen para analizar las capas geológicas y que implican diversos niveles, digámoslo así, de terreno que se fueron compactando y sobre poniendo uno a otro.
La nuestra no fue una transición como la española o la chilena que tiene un momento estelar y que nos permite plantear como una especie de parteaguas, un antes y un después, ¿no?
La transición española es probablemente el prototipo de transición a la democracia, digamos, en el último medio siglo: tenemos una dictadura, muere el dictador, viene un momento de convulsión y de generación de acuerdos políticos que al cabo de dos años en los pactos de la Moncloa, establecen las nuevas bases sobre las que se va a constituir en términos económicos y en términos políticos la sociedad española, después viene la Constitución y a votar se ha dicho, al cabo de cuatro años todos los partidos habían, por la vía electoral, cuatro o cinco años, llegado al poder; es decir, una transición que tiene claramente un antes, un momento de transición, y un después.
O la transición chilena que, en 1988, a pesar de que no hubo un cambio constitucional, sí con el célebre plebiscito del “No”, implicó el final de la dictadura y el arranque de un nuevo arreglo político en clave democrática.
La nuestra es una transición distinta, la nuestra es una transición mucho más lenta, gradual, paulatina, insisto, que puede interpretarse, y esa es mi sugerencia con ustedes, a partir de cuatro grandes momentos en cada uno de los cuales se fue tratando de resolver a través de las reformas electorales algunas problemáticas que eran indispensable solucionar para poder avanzar a resolver el problema sucesivo.
Desde este punto de vista, insisto, estas cuatro grandes etapas me parece que pueden resumirse de la siguiente manera: En un primer momento, pensando de dónde veníamos, la primera gran necesidad para poder avanzar hacia la democracia era abrir el sistema de partidos hacia nuevas alternativas, que hasta entonces, insisto, habían estado excluidas y, permitir que esas nuevas alternativas, pudieran tener un reflejo ahí en donde se toman las decisiones; es decir, permitir un reflejo en, pues en el Congreso de la Unión en primera instancia.
En eso se avocaron las primeras reformas.
Y uno de los elementos clave, vale la pena reiterarlo después de que hemos, todos contribuido, abierta o veladamente a construir un profundo desprestigio en una figura que es clave para entender nuestra democratización, que son las diputaciones de Representación Proporcional y, quedé un rato acá, están en el centro de la discusión.
Pues gracias a los diputados de Representación Proporcional el proceso de democratización en México pudo avanzar, es más, me atrevo a decir que si hace eso, 45 años, no se hubiera propuesto introducir esta figura para permitir que la pluralidad política se reflejará en el Congreso, hoy no estaríamos en dónde estamos. 
Hoy no habríamos podido transitar a la democracia, y creo que vale la pena reivindicarlo a pesar, insisto, de las muchas descalificaciones, mitos y concepciones falsas, que, en los últimos 20 años al menos se han venido construyendo en contra de esta figura: Que si no los vota nadie, que si no representan a nadie, que si no es cierto.
Bueno, cada vez que, cada tres años el INE asigna diputaciones de Representación Proporcional y adivinen sobre la base de qué se asignan, de voto. Es decir, claro que son votadas, igual que todos los demás representantes, con un mecanismo distinto, pero evidentemente, un mecanismos que, insisto, en el caso mexicano nos permitió potenciar o en todo caso encauzar esta transformación.
Ese primer gran problema tarde o temprano se fue solucionando, en los años finales de los años setenta y años ochenta nuevas fuerzas políticas, hasta entonces excluidas, participaron en la arena electoral, compitieron en las elecciones, tuvieron diputados, permitiendo que esa pluralidad, esa diversidad de voces pudiera reflejarse en el espacio de toma de decisiones; es decir, en el Congreso de la Unión.
En un segundo momento una nueva necesidad se planteó como el problema a resolver. Para 1988 una, esas controvertidas elecciones y evidenciaron la necesidad de contar con un sistema electoral y con una institucionalidad electoral que permitiera y que genera la garantías del voto, una expresión libre del voto y garantías de que el voto iba a ser efectivamente respetado.
Las elecciones de 1988 estuvieron marcadas no solamente por una serie de irregularidades y de cuestionamientos, no solamente por una opacidad en la transmisión de los resultados, la famosa caída del sistema, hay que recordarlo, no es que el sistema se haya caído de caerse, sino se calló de callarse ¿no?
O sea, no es que se hayan caído las computadoras, no, las computadoras siguieron funcionando, siguieron recibiéndose los datos, pero la de autoridad electoral decidió que no había que hacerlo, que había que interrumpir la difusión pública de los datos para evitar cualquier mala interpretación. Claro los primeros votos que habían llegado eran los de la Ciudad de México que favorecían, por primera vez a una fuerza opositora y, lo que se decía es, pues para evitar que la gente no entienda qué es lo que pasa porque después va a ganar el partido que está en el gobierno, o al menos esa era la lógica, pues vamos a interrumpir durante 3 días y luego ya damos resultados.
El efecto fue catastrófico y marcó un momento de crisis que ineludiblemente llevó a plantearse esta segunda gran problemática necesitamos cambiar las reglas del juego, necesitamos cambiar las instituciones para poder inyectar confianza y legítima en las elecciones y legitimidad en sus resultados.
Y no es casual que justamente esa autoridad electoral que organizó la elección en 1988 fuera una autoridad electoral dependiente del Gobierno, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación
Me refiero a la CFE, dirigida por Manuel Barttlet. Estoy hablando de la Comisión Federal Electoral, no de la Comisión Federal de Electricidad, aunque las siglas parece que le gustan a Don Manuel.
Lo que quiero decir, es que aquella autoridad electoral estaba controlada, absolutamente por un partido político, y no sólo porque el Secretario de Gobernación, militante destacado del partido en el gobierno, presidiera dicho orden, sino porque de los 31 miembros de la Comisión Federal Electoral que organizará la elección de 88, el PRI, el partido gobernante entonces, contaba con 16 integrantes y todos votaban.
Es decir, si el Secretario de Gobernación, o el diputado, que también era priista, porque era designado, uno de los miembros era un diputado designado por la Cámara de Diputados, o el senador, también había un senador que no podía no ser priista porque no había ningún senador más que del PRI.
Si estos tres funcionarios, integrantes de la Comisión Federal Electoral hubieron votado en contra de los intereses del partido en el gobierno, los representantes, 16, que tenía el PRI en ese órgano, hubieran podido tomar las decisiones por sí mismo.
Es decir, parte del problema, era que las autoridades electorales eran juez y parte. Bueno, la segunda, gran necesidad era reinventar el sistema.
Las primeras, las reformas de la primera mitad del siglo, perdón, de la década de los 90 del siglo pasado, se abocaron precisamente a ese hecho.
El surgimiento del IFE, en su momento, del Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, con aquellas reformas; la expedición de un nuevo código electoral, el célebre COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que estableció una serie de mecanismos novedosos, cosa que hoy parece muy normal, pero que en aquel momento fue revolucionaria, como el hecho de que los ciudadanos, las y los ciudadanos que recibían y contaban los votos en las casillas fueran sorteados y no designados, vertical y arbitrariamente por los presidentes de los Consejos Directivos Distritales de la CFE, que a su vez habían sido nombrados directamente por el Secretario de Gobernación, pues fue un momento que marcó un antes y un después.
Por primera vez los votos en México tuvieron garantías mínimas, básicas de ser contados efectivamente o como se decía en aquellas épocas, que los votos se contarán bien y contarán, efectivamente.
Muy pronto esta problemática se resolvió. Para 1994, el problema, los problemas ya no estaban en cómo se contaban los votos.
En apenas seis años, habíamos pasado de elecciones no creíbles a elecciones ciertas que seguían manteniendo problemas en frente, pero de las que ya no había derivado un problema, una falta de legitimidad de los gobiernos electos.
Un nuevo problema sin embargo, se presentó en el horizonte. Las elecciones de 1994, que fueron las primeras elecciones en las que se aplicó una fiscalización al financiamiento público, una fiscalización todavía embrionaria que no tiene nada que ver con lo que hace el INE hoy.
Una fiscalización que se limitaba, por cierto, como lo hacía en Estados Unidos. Luego escucho mucho a opinadores diciendo que ojalá y tuviéramos un sistema electoral como el de Estados Unidos, híjole, ¡cuidado ¡
No se nos va a hacer, porque entonces, ahí sí, si los norteamericanos se están planteando un sistema electoral, una reforma electoral en clave mucho a la mexicana. Bueno, pues en Estados Unidos como entonces en 1994, la fiscalización se restringía a revisar lo que los partidos informaban y no había ninguna capacidad de ir más allá.
Fiscalización germinal, fiscalización muy elemental, pero que tuvo una enorme virtud, fue la primera vez que hubo datos, al menos oficiales, no sé si ciertos, pero oficiales respecto a lo que habían gastado los partidos políticos.
Y el desequilibrio era apabullante. El partido en el gobierno, el partido que ganó las elecciones, gastó el 80 por ciento del gasto que se había reportado, ocho de cada 10 pesos, evidentemente la problemática que se planteaba en el horizonte era tratar de generar condiciones mínimas de equidad en la competencia electoral.
Las reformas y éste es la tercera gran etapa de nuestra transición, la reformas de 1996 y de 2007 se abocaron justamente a construir condiciones de equidad en los dos puntos más importantes de la competencia electoral: el financiamiento de las campañas y el acceso a los medios de comunicación electrónicos.
Sí, ya sé que hoy las redes sociales nos han cambiado el escenario, sin lugar a dudas, pero miren, los datos ustedes los conocen mejor que yo, todavía hoy en México el 60 por ciento de la ciudadanía señala que su principal fuente de información sigue siendo la televisión y después el radio y después las redes sociales, que esto va a cambiar pronto, sin lugar a dudas, las redes sociales nos han planteado hoy, digamos, un repensamiento a nivel global y, justamente es una discusión ya no mexicana, sino una discusión universal respecto de hacia dónde vamos en términos democráticos con el desafío y el qué decir también que representan las redes sociales.
Bueno, en su momento, la apuesta por un financiamiento público generoso, por un lado, y luego por un modelo de comunicación política muy criticado, que no existe ni en Estados Unidos, no, pero sí existe en Europa, se nos ha pasado también a veces la mano en las precisiones y en las prohibiciones, pero el modelo es un modelo que ha servido para que algunas de las democracias más añejas se recreen, como son las europeas, con el propósito justamente de que no fuera el dinero o el acceso al dinero el que pudiera determinar, por un lado, eso, la capacidad de despliegue de las campañas electorales y, por otro lado, el poder acceder o no a estos medios que siguen y que en su momento fueron vitales para poder realizar, siguen siendo muy importantes para realizar campañas electorales.
Me refiero justamente a la radio y la televisión. 
El tema de la equidad tarde o temprano empezó a resolverse, no es casual que las elecciones de 1997, las primeras que se hacen con un monto, con montos de financiamiento público bastante generosos, fueran elecciones en donde ocurrieron fenómenos inéditos en nuestra vida democrática.
En primer lugar, que la primera elección de Jefe de Gobierno en la Ciudad de México la ganara un partido de oposición; en segundo lugar, que por primera vez en la Cámara de Diputados no hubiera una mayoría predefinida y esto muy pronto, en las elecciones siguientes, las del año 2000 se tradujo en la primera alternancia en la Presidencia de la República y el hecho de que en el Senado tampoco hubiera mayorías predefinidas, algo que caracterizó la vida política durante prácticamente los 20 años siguientes, 18 años siguientes.
El problema a partir de ese momento empezó a migrar hacia y, ésta es la cuarta etapa, hacia otro lado; el problema para 2014 y esto se aboca con la última reforma electoral, se trató de tratar de generar condiciones similares en la calidad y estándares con los que se realizaban las elecciones federales, respecto de las elecciones en los estados.
La última gran preocupación fue tratar, pues que la, el modo en que se realizaban las elecciones federales pudiera replicarse en el ámbito local, sobre todo, en lo que tenía que ver con las garantías de independencia y autonomía de los organizadores de las elecciones, es decir, los órganos electorales frente a los poderes políticos y de otra naturaleza.
El empoderamiento que los gobiernos locales tuvieron con la crisis, digamos, del viejo presidencialismo pues generó esta preocupación que buscó atenderse, insisto, en la lógica de generar los mismos estándares, de homogeneizar procedimientos, criterios, etcétera en las elecciones locales respecto a las elecciones federales y es lo que propició el cambio del IFE al INE.
Hasta aquí las grandes etapas, digámoslo así, o la reconstrucción telegráfica de nuestro proceso de transición.
Paso ahora a un análisis de dónde estamos. Vuelvo a insistir, no perdamos de vista cuáles fueron los problemas que en su momento se enfrentaron para poder democratizarnos y cuáles fueron, y sin duda no son las únicas, pero sí las soluciones que se instrumentaron para atenderlos y resolverlos.
Pasamos a la siguiente.
¿Dónde estamos? A ocho años de funcionamiento del sistema electoral derivado de la reforma 2014.
Miren, yo creo que tenemos un sistema electoral fuerte, funcional, robusto, y acreditado. Claro, no es sencillo, es un sistema electoral profundamente complejo, pero aquella advertencia que algunos, incluso especialistas en materia electoral lanzaron en 2014, en el sentido que estaba creando incluso, cito, “un mazacote impracticable y que no iba permitir, en consecuencia, la recreación de las elecciones en nuestro país”, fueron equivocadas.
Nuestro sistema funciona, no es sencillo sin lugar a dudas, pero funciona y funciona bastante bien. “Claro, es el presidente del INE, qué nos va a venir a decir”, bueno, como aquí no se trata de un sistema, una cuestión de percepciones, permítanme hablar con algunos datos, que son datos verificables, no son mis datos.
Pasamos a la siguiente.
Primer gran dato, primer gran elemento, digamos, de juicio de como nuestro sistema electoral es funcional o permite, digámoslo así, la recreación de la democracia, y en qué modo o no.
El primer gran dato es que la reforma de 2014 sí le trajo a las autoridades electorales una sobre carga inédita de trabajo, pero esto no ha implicado que las elecciones no puedan realizarse.
Piensen ustedes en un elemento de comparación. De 1990 a 2003, es decir, en 23 años de existencia del otrora IFE, esta institución organizó 18 elecciones federales, en ocho años el INE ha estado involucrado en la organización de 322 procesos electorales, entre elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, organizamos una Asamblea Constituyente, renovamos dos dirigencias partidistas a partir de la solicitud que se nos hicieron o que las instrucciones del Tribunal Electoral en ese sentido, organizamos ya dos procesos de participación ciudadana que son la Consulta Popular y la Revocación de Mandato, es decir, 322 procesos electorales y ninguno de esos procesos electorales ha estado sucedido de un conflicto post electoral.
Es decir, las elecciones en México están sirviendo para recrear pacíficamente la disputa por el poder político y para eso se supone que son justamente las elecciones en sistema democrático.
¿No es sencillo?, no es sencillo, el trabajo coordinado entre el INE y los OPLES es muy complejo, pero después de 322 elecciones puedo decir que está bastante afilado, bastante afeitado y es, vuelvo a insistir, funcional.
Segundo gran dato.
Pasamos a la siguiente.
Este sistema electoral ha permitido el mayor grado de alternancias políticas en nuestra historia. Nunca antes en un periodo similar había habido tantos cambios de ganador de una elección a otro.
El índice de alternancia, si tomamos en cuenta todas las elecciones federales de distinto tipo; presidentes, senadores, diputados, o locales, gubernaturas, diputaciones locales y alcaldías, el índice de alternancia en nuestro país ronda el 73 por ciento.
Es decir, la posibilidad que en México tiene, si atendemos la historia reciente de los últimos ocho años, un partido que gana una elección, de volver a ganar la ronda electoral siguiente, es apenas de una de cada tres probabilidades. 
Y la alternancia no es que te garantice democracia, pues democracia significa que las condiciones para una competencia equilibrada estén dadas y que, por supuesto el voto sea respetado, si hay o no una alternancia, eso depende de la voluntad de los electores expresada libremente en las urnas; habrá quienes decidan en ocasiones que un gobierno continúe con partido continúa el gobierno, en otras que haya un cambio de gobierno.
Democracia no significa en automático, perdón, alternancia no significa en automático democracia, sin duda, pero lo que sí significa y de lo que sí depende la democracia es que, en un sistema político existan las condiciones para que, si así lo deciden los electores, pueda haber alternancia.
Y el hecho de que tengamos un índice de alternancia tan alto en el último periodo es la prueba más evidente de que esas condiciones en México existen, no sólo me atrevería a decir que este alto índice de alternancia, que en el caso de las elecciones de gobernador ha llegado al 70 por ciento.
Este alto índice de alternancia, lo que refleja es que en México el voto ya no solamente es asumido por la ciudadanía como una manera de nombrar o de elegir a nuestros representantes y gobernantes, sino también, una manera, como debe ocurrir en una democracia, como ocurre en una democracia, una manera en términos de rendición de cuentas de premiar o de castigar buenas o malas gestiones públicas.
Y esto ocurrió con el sistema electoral que tenemos.
Pero no basta solamente estas valoraciones políticas, vamos a la que sigue.
Hay otros elementos que me parecen son, deben valorarse respecto de dónde estamos.
Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor.
Y tiene que ver con la percepción pública de las autoridades electorales, estaba haciendo tiempo pero no me no me ayudan con el cambio de lámina; con la percepción pública que se tienen de las autoridades electorales.
No es una cuestión de mera vanidad de quienes somos titulares de los órganos electorales saber si gozamos o no de aceptación o de confianza ciudadana. 
La confianza ciudadana para los órganos electorales es una condición sine qua non para poder operar, porque cada vez que hay una elección, las autoridades electorales dependemos de que la ciudadanía decida, permítame el coloquialismo, “jalar con el INE” para poder hacer las elecciones una realidad.
En México las elecciones dependen, el elemento clave lo representa el hecho de que sean ciudadanas y ciudadanos quienes reciben los votos de los ciudadanos y garantizan el adecuado conteo y la existencia de garantías de la emisión del voto libre.
Permítanme aquí hacer, no me detengo, hago una secuencia de láminas recurriendo a alguna, ha habido, hay muchos más ejercicios de opinión pública, pero partiendo desde el que hizo el INEGI a principios del año pasado, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, en donde ya desde entonces se evidenciaba que el Instituto Nacional Electoral es la institución civil con mayor credibilidad y confianza en el Estado mexicano, sólo superada por las Fuerzas Armadas con un 60 por ciento.
Debo decir, que en estos son de los porcentajes, son una lista de la, digamos el grado de confianza en las autoridades electorales desde 1900 a la fecha, son los datos, los grados, los índices más altos de credibilidad.
Esta encuesta, por ejemplo, ese tracking que realiza GEA-ISA trimestralmente, en donde pueden ver, por cierto y que a finales del, en diciembre, del último trimestre del año pasado, el INE llegó a tener 73 por ciento de confianza ciudadana, esto es algo inédito en la historia de la autoridad electoral.
Sí, alguien me va a decir “sí, pero bajaron 13 por ciento a 60 por ciento en el primer trimestre de este año”. Claro que sí, después de sufrir una, hoy lo podemos decir con todas las letras, una sistemática, planeada campaña de descalificación desde los circuitos gubernamentales; y, a pesar de esa campaña que, plagada de falacias el INE está boicoteando la Revocación de Mandato, hoy sabemos que si no se pudieron instalar las casillas fue porque en los órganos responsables de proveer los recursos a la autoridad electoral, no lo hicieron.
Ni la Secretaría de Hacienda, ni la Cámara de Diputados, hoy sabemos que desde el punto de vista organizacional, la Revocación de Mandato contó con todas las garantías y no con el número de casillas que hubiéramos querido, pero hoy sabemos también que es una falacia decir que la participación se debió al número de casillas. No es cierto.
Los primeros datos del análisis de los resultados de la Revocación de Mandato nos revelan que, en donde más participación hubo, fueron en las casillas más alejadas de los domicilios de la ciudadanía.
Tenemos casillas en Chiapas, en donde los traslados eran lamentablemente muy amplios en las zonas rurales, en donde la participación osciló entre el 80, 90, 95 por ciento y en algunos casos hasta 104 por ciento, algo pasó allí. Alguien hizo trampa, pero bueno.
En cambio en las zonas urbanas en donde los traslados a las casillas eran mucho menores, tuvimos por cierto, los índices de participación más bajos.
Eso tiene que ver, pues la participación, con distintas razones, entre otras lo novedoso del ejercicio.
En segundo lugar, con el hecho que hubo actores políticos que llamaron a no participar. 
Y en tercer lugar, también con el interés de una figura de esta naturaleza.
Es un poco extraño explicar en el extranjero, qué se promovió un ejercicio de Revocación del Primer Mandatario del país cuando el índice de confiabilidad y aceptación que tiene ronda el 60 por ciento y además fueron los mismos potenciales perjudicados de este ejercicio, los que lo promovieron, pero, bueno, esas son otras cosas que no me toca a mí tratar de analizar, se lo dejo a la academia y la opinión pública en todo caso.
Pero lo que quiere decir es que los índices de credibilidad son muy aceptables.
Si vamos a la siguiente. éste es uno de los últimos ejercicios: el diario Reforma tenía la, digamos, a la confianza en el INE del orden del 64 por ciento.
Alguien puede decir: bueno, y eso qué. Bueno, hombre, la acreditación del sistema electoral y del funcionamiento del sistema electoral y de los servicios que brindan las autoridades electorales, como la expedición de la credencial para votar en buen medida, si funcionan, se traduce en índices de credibilidad como los que tenemos.
Pero si vamos a la siguiente, que esto es todavía más importante para nosotros, decía que las elecciones en México dependen de su ciudadanización.
Para que una elección se lleve a cabo, esto depende de la participación de la ciudadanía y me detengo con los tres datos de los últimos grandes ejercicios de participación ciudadana, de nuestros procesos electorales, que, señalando, digámoslo así, la disposición de las y los ciudadanos de participar con el Instituto en esta función primordial que es ser funcionarias y funcionarios de casilla.
Piensen ustedes que en el año pasado, en las elecciones del año pasado, necesitábamos casi casi un millón y medio de ciudadanos y ciudadanos, acreditados, capacitados como funcionarios de casilla.
Bueno, luego de hacer la insaculación, de visitar a 13 millones de ciudadanos en sus domicilios, de comprobar su disponibilidad, su aceptación a participar con él INE en la organización de la elección, de verificar que fueran aptos y, además, de darles una primera capacitación, el número de ciudadanos que estaban dispuestos, ese ejército ciudadano de reserva que estaban, en clave democrática, estaba dispuesto a participar con el INE, alcanzó casi los tres millones. Es decir, teníamos el 200 por ciento de los ciudadanos que necesitábamos.
En el ejercicio de Revocación de Mandato, a pesar de lo polémico de este ejercicio, necesitábamos a 287 mil personas y tuvimos a casi 650 mil personas listas para ser funciones de Castilla, 230 por ciento.
Y en los seis procesos electorales que están en marcha y que culminarán con las elecciones de este domingo que viene en ocho, el 5 de junio próximo, necesitamos 150 mil personas y tenemos a más de 330 mil personas, aptas, dispuestas a participar con el INE, debidamente capacitadas de uno a uno 230 por ciento, si esto no es una confianza en la autoridad electoral, insisto, de la que depende que las elecciones se lleven a cabo, pues no sabría cómo calificar.
Pasamos a la siguiente. Hasta ahí estamos, de dónde venimos y cómo estamos, ¿necesitamos una reforma electoral?, pasamos a la siguiente.
Miren, vuelvo a insistir, no quiero hablar sobre las iniciativas de reforma electoral, hay muchísimas, como veremos ahora, por supuesto la más sonada es la del Presidente de la República y lo digo sin medias tintas, qué bueno que el Presidente de la República presentó su iniciativa de reforma electoral, porque ahora hay bases ciertas sobre las cuales discutir, no discutimos sobre la base de especulaciones.
Decía el Presidente de la República, lo recuerdo, porque fui invitado, el 5 de febrero pasado en el Aniversario de la Constitución, en el Teatro de la República en Querétaro, que había necesidad de una reforma electoral, ahí anunció por enésima ocasión la presentación de la misma, porque nuestro sistema electoral teníamos que evitar los fraudes y teníamos que evitar que los muertos votaran.
Bueno, desde mi punto de vista, parte de la democracia es discutir, pero bueno, en la medida que se discuta con datos es mejor, en nuestro país desde hace mucho tiempo no se cometen fraudes electorales y, desde hace 30 años, desde que el IFE en su primero momento constituyó el Padrón Electoral que hoy es uno de los mejores padrones electorales en términos de cobertura y de actualización, del mundo, les doy un dato, el Padrón Electoral vigente en nuestro país, que además implica el resguardo de la base de datos biométricos personales más grande que hay en México, nuestro Padrón Electoral tiene un grado de cobertura del orden de. 99.5 por ciento.
Los Listados Nominales, los Padrones Electorales que se utilizan en las elecciones de Estados Unidos, este año va a haber elecciones y lo vamos a constatar otra vez, tienen un índice de cobertura que ronda el 70 por ciento, digo, si eso no es un buen Padrón Electoral, no sé cómo llamarlo.
Bueno, desde que tenemos esta Padrón los muertos ya no votan, lamentablemente sí, en México seguimos teniendo conductas fraudulentas que no son fraudes electorales, conductas fraudulentas y también los muertos, aunque ya no votan, sí lamentablemente siguen apareciendo firmando iniciativas de consultas como la de Revocación de Mandato, pero eso no es un problema del sistema electoral, eso es un problema de conductas fraudulentas y que se combaten no necesariamente con reformas electorales, sino que se combaten aplicando la ley, imponiendo las sanciones a quienes cometen ese tipo de fraudes.
Dicho eso, creo que es algo muy pertinente que hoy no se discuta sobre especulaciones, sino sobre datos ciertos. Las iniciativas están presentadas, la del Presidente, la de los partidos de oposición, la de los partidos aliados o integrantes de la coalición gobernante y que bueno que hoy tenemos sobre blanco y negro lo que se plantea para poder, sobre la base de eso, dirigir una discusión hacia adelante.
Más allá de eso, ¿necesitamos una reforma electoral?, ¿es indispensable una reforma electoral, sobre todo de cara a la que va a ser, una vez más, la elección más grande de nuestra historia en 2024?, más grande porque el Padrón sigue creciendo, la población sigue aumentando, tendremos el número de electores más grande de nuestra historia y. además. en 2024 se van a disputar el número de cargos públicos más grande que la de 21.
El Padrón sigue creciendo, en 2021 tuvimos 93 millones de electores inscritos, las proyecciones, atendiendo las tasas de crecimiento poblacional que el INEGI genera, para 2024 es que muy probablemente alcancemos un Padrón, un Listado de Electores del orden de los 97, 98 millones de potenciales votantes, pero además el número de cargos que se va a elegir superan casi en mil a los que se eligieron en 2020, va a ser la elección más grande por donde se le quiera ver de cara a esa elección.
Vuelvo a insistir ¿es necesaria una reforma electoral? Me parece que la respuesta es clara y contundente, no, no es necesaria, ¿es indispensable?, ¿si no vamos a una reforma, está en riesgo la democracia en 2024?, la respuesta es clara, no. Nuestro sistema electoral funciona y funciona bien.
Las elecciones de 2021, las más grandes hasta ahora realizadas, fueron las elecciones, desde el punto de vista técnico, del funcionamiento de los sistemas, de aceptación de ciudadanía, participar, mejor realizadas en nuestra historia.
Nunca antes habíamos tenido un PREP que funcionara tan rápido. El número de actas del PREP, por ejemplo, que fueron capturadas directamente de las casillas a través de los teléfonos celulares de lo que nuestra estructura está dotada, lo que llamamos “PREP Casilla”, alcanzó en 2021 el 85 por ciento de las actas, es decir, prácticamente todo lo que está en la casilla, antes, siquiera, del traslado a nuestros Consejos Distritales, ya está en el sistema del PREP.
En fin, por donde se le quiera ver ha sido la mejor elección que hemos hecho y la hicimos con este sistema electoral.
¿Podríamos ir a 24 con estas normas, con este sistema electoral?, sin duda. Y estoy seguro que no es, y miren, yo en un año no estaré en el INE, así que esto le tocará a los que vengan, pero estoy seguro que el INE tiene todas las capacidades para que, en 2024, con estas reglas, organizar en su momento lo que sería la mejor elección realizada hasta entonces.
No es necesaria, ahora, si hay una reforma electoral, y mejor a lo que hoy tenemos, pues bienvenida, pero no construyamos el discurso de que si no hay reforma la democracia mexicana de cara al 24 está en riesgo.
Ahora, creo que tampoco es una reforma pertinente, hacer una reforma; no me refiero a, estoy hablando del proceso de reforma, no estoy hablando de una reforma en específico, de alguna propuesta en particular.
¿Por qué creo que no es pertinente?
Si me ayudan con la siguiente lámina.
Por las siguientes razones. Porque para que una reforma electoral contribuya a fortalecer el sistema democrático, me parece que se requieren tres condiciones básicas, tres condiciones en las cuales no es conveniente iniciar un proceso de transformación de las reglas o de la institucionalidad electoral.
La primera condición es que exista un consenso, el más amplio posible, y de ser posible unánime entre los actores políticos para que haya una reforma. Porque si una reforma se limita a ser instrumentada con los números sin duda los que pide la Constitución para los cambios de la misma, o de las leyes, y se excluye a los demás, es decir, si una reforma es aprobada por mayoriteo, para decirlo de alguna manera, la reforma se va a convertir en un problema después; porque quien no haya sido involucrado en la definición de las reglas, seguramente, y esto ya lo hemos vivido una y otra vez en nuestra historia, seguramente va achacar eventuales derrotas electorales a las propias reglas que él no avaló y que no aprobó.
Cuando hablamos de las reglas del juego, y estoy, hay una larguísima literatura en el ámbito de la teoría política, el consenso más amplio es indispensable, porque se trata del consenso de los actores que se van a someter a esas reglas del juego, y que desde su aprobación avalan la existencia de esas reglas.
Bueno, y por cierto, y no sé si un contexto en el cual a los detractores, en el cual a los opositores se les tilda de “traidores a la patria”, sea mi mejor contexto para tratar de construir consensos que son, me parece, indispensables para que las reformas electorales sirvan para mejorar lo que tenemos y no para crear problemas en donde hoy no los hay.
Y no quiero aquí invocar en el proverbio anglosajón, el mote anglosajón aquél de que “si algo funciona no lo arregles, porque puedes descomponerlo” ¿no?. O sea, en fin, digo eso es inherente.
Creo que, y esta es la segunda condición, que si vamos a hacer una reforma, pues que sea para mejorar lo que tenemos, si no, no vale la pena.
Sin duda nuestro sistema electoral es mejorable, es perfectible, hay ámbitos de mejora que vaya, que hoy que sería pertinente atender para resolver problemas como los que hoy tenemos.
A ver, por qué demonios tenemos que estar en la Corte, pongo un ejemplo, dilucidando un dilema, pues que en el ámbito de la fiscalización desde hace mucho tiempo se resolvió. Digo, el año 2003, 2002-2003 el IFE en su momento enfrentó el gran, la gran oposición para la fiscalización en el caso de Amigos de Fox, que representaba el secreto bancario, fiduciario y fiscal que se le oponía a la autoridad electoral para no entregarle la información que era indispensable para resolver ese caso. 
Eso implicó litigios que nos llevaron a la Corte, bueno, que llevaron al IFE a la Corte y demás, y que finalmente, se resolvieron con la reforma 2007 poniendo en la Constitución que esos secretos no era oponibles al INE.
Bueno, hoy tenemos algo muy, la reedición de un tema similar, en algunos casos muy sonados: Odebrecht, del hermano del Presidente, etcétera, etcétera, pues nosotros hoy tenemos un nuevo valladar como autoridad electoral, que es el secreto ministerial; y, aunque el Tribunal Electoral ya dijo que la Fiscalía estaba obligada a entregarnos, a abrirnos los expedientes, protegidos sin duda por el secreto ministerial, pero esto no significa que el INE agarre los datos y los haga públicos, sino que, acceda a ver esas investigaciones que son indispensables para poder hacer las que nos corresponden a nosotros en nuestro ámbito de competencia.
Bueno, hoy el asunto está en la Corte, la Fiscalía fue a la Corte para impedir que el INE pueda acceder a estos expedientes, aunque el Tribunal Electoral ya le dio la razón al INE en dos ocasiones; por cierto, aquí hay un nuevo dilema ¿no?, las resoluciones del Tribunal se supone que son definitivas e inatacables, lo dice la Constitución, no se pueden impugnar ni siquiera ante la Corte, pero bueno, ahí estamos.
Lo que quiero decir es que hay muchísimos casos, ejemplos, de las mejoras que podría tener el sistema electoral actual, pero si vamos a hacer una reforma para regresar de dónde venimos, pues creo que no vale la pena, por eso la revisión histórica de dónde venimos me parece que es indispensable para evitar caer en eventuales regresiones.
Y le pongo nombre y apellido. El Presidente de la Cámara de Diputados, el hoy Presidente de la Cámara de Diputados hace un año, la declaración la hizo él, no, no estoy, además es buen amigo mío, aunque nos haya denunciado penalmente a seis consejeros ¿no?, y que siguen abiertas las denuncias, por si alguien me pide preguntar el punto, ahí están y seguirán seguramente. Pero bueno esa es otra historia.
El diputado Sergio González Luna, Sergio Gutiérrez Luna, perdón, hace un año declaró a un medio de comunicación que, “como las cosas ya habían cambiado era tiempo de volver a las épocas en las que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones”. Es una declaración textual.
Bueno, yo no sé si sea o no y respeto mucho las opiniones de todo mundo, pero pues hombre, una reforma en ese sentido implicaría tirar a la basura 35 años de transformación política y democrática, en fin. 
O sea, que si tenemos una reforma, que sea para mejorar lo que tenemos.
Tercero, que sea el resultado de una serie de diagnósticos adecuados; es decir, que sea una reforma que parta de diagnósticos correctos.
Si se dice que en México se necesita una reforma para que no haya fraudes, bueno, ¿dónde están los fraudes?, más allá del dicho de los fraudes.
Partamos de datos concretos, porque si no las mejoras se van a construir en abstracto y creo que las mejoras se tienen que hacer para atender, problemas específicos y mejorar condiciones puntuales.
Me gusta decir, que una reforma electoral, si se hace y que cumple con estas condiciones, tiene que ser el resultado de la suma de muchas cabezas, no el resultado de la suma de muchos hígados.
Si una reforma se va a hacer a partir de rencores, filias y fobias pues no vale la pena.
Una reforma electoral significa redefinir las reglas del juego bajo parámetros que todos aceptamos y con reglas a las cuales nos vamos a someter.
Y paso a la parte final señalando lo siguiente.
Qué bueno, digo, decía, que hay iniciativas que se han presentado, sin menospreciar iniciativas, creo que la más relevante y la que ha detonado esta serie, digamos, de propuestas de cambios legales, fua la iniciativa que presentó el Presidente de la República hace algunas semanas.
Y qué bueno que hoy sabemos, insisto, con datos concretos, qué es lo que está pensando el Presidente, que tiene que cambiarse, y cuáles son las razones, pero, sobre todo, hacia dónde se pretende avanzar en la transformación de nuestro sistema electoral.
No juzgo las iniciativas no juzgo la iniciativa del Presidente, quiero ser enfático con eso, no me corresponde y eso le tocará a las y los legisladores en una discusión parlamentaria que, como decía el titular del Canal del Congreso, pues ojalá se de con esa buena práctica hacia el parlamento abierto y con una discusión pues pública de cara a la propia ciudadanía.
Sin embargo, llamo la atención sobre algunas peculiaridades, particularidades de la iniciativa, vuelvo a insistir, no en los contenidos, sino en la iniciativa que presenta el Presidente de la República.
Primera característica: es la primera iniciativa en los últimos 30 años que se presenta desde el poder político y desde quien gobierna. Todas las iniciativas desde noventa a la fecha habían sido, digámoslo así, que atendían preocupaciones y demandas de las oposiciones en aras de mejorar el sistema de competencia electoral.
Hoy tenemos una iniciativa presentada y, entiendo que es legítimo, desde los intereses del partido gobernante, es una característica que vale la pena poner sobre la mesa y tomar en cuenta.
Segunda característica, es la primera ocasión desde 1977 que se trata de una iniciativa que se plantea como punto departida para la discusión y no como el resultado de un consenso o de un diagnóstico previo. Incluso, la reforma de 1977, cuando había un partido absolutamente hegemónico, la propuesta de cambios en materia electoral fue antecedida de los célebres foros aquellos, por cierto, hay un, son fantásticos, hay 13 volúmenes que compilan todas las opiniones de partidos de oposición, de académicos, de actores sociales, de legisladores que nutrieron en términos de discusión, la iniciativa que se presentó.
Vaya, la última reforma puede gustarnos o no cómo se procesó, la de 2014, pues fue uno de los resultados del así llamado “pacto por México” y no juzgo si eso estuvo bien o mal negociado o pactado, pero lo que quiero decir es que esta es una iniciativa que no partió de una construcción de consensos previos.
Ojalá no sea una iniciativa que, simple y sencillamente se rechace por quien la presenta, y ojalá y sea la base de una discusión.
Ahora, ojalá y también, quien está de acuerdo con la iniciativa no la suma como, porque entonces claudicaríamos al trabajo legislativo, con la premisa de que no se le cambia ni una coma, porque entonces no va a haber ninguna posibilidad de construir esos consensos a los que hacía referencia.
Siguiente lámina por favor.
Tercera característica, es la primera reforma en los últimos 25 años, y esto lo dejo como un dato, que sería, de aprobarse sería puesta a prueba en una elección presidencial, y no es cualquier elección como mencionaba.
Todas las reformas que le han antecedido, desde la de 96 en adelante, todas se han puesto a prueba en una elección intermedia.
La de 1996 se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La reforma 2007, se puso a prueba en una elección intermedia, la de 2009. La de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015.
Aquí estaríamos calibrando, midiendo, si las normas funcionan o no funcionan, en una elección presidencial.
Y además, se trata, cuarta característica, de una reforma refundacional. No es una reforma que tome lo que hoy tenemos para hacer ajustes, es una reforma que cambia de cabo a rabo el sistema electoral que hoy conocemos.
Desaparece a los OPL, que desaparece el, que bueno le quita el Padrón Electoral al INEC, al órgano electoral.
El órgano electoral solamente imprimiría las Listas Nominales, supongo que el padrón se iría a Gobernación, ya Gobernación lo ha pedido hace algunos años.
Es una reforma que desaparecen los órganos desconcentrados del INE que dejan de ser permanentes.
Es una reforma que desaparece al Servicio Profesional Electoral. Los profesionales que hoy forman parte de un servicio de carrera muy prestigiado y muy riguroso dejarían de ser trabajadores permanentes y pasarían a ser trabajadores eventuales.
Hoy el Servicio Profesional es una de las garantías de imparcialidad en la actuación de la autoridad electoral y probablemente la columna vertebral del INE. Aguantan todo, hasta consejeros electorales y hasta al consejero Presidente.
Bueno, se trata de una reforma refundacional, no entran los méritos, es una reforma que cambia radicalmente lo que hoy tenemos.
Y no ha habido ninguna reforma de esta naturaleza en los últimos 45 años. Por eso es importante ver hacia atrás, todas las reformas que hemos tenido son reformas que paulatinamente van modificando el sistema electoral a partir, como lo he sugerido yo, de la atención de una serie de problemas que se fueron presentando en el camino.
Terminó, si me ayuda con la última. Creo que para discutir una reforma electoral vale la pena tomar en cuenta lo siguiente, por supuesto que la iniciativa que más ha llamado la atención, por obvias razones de quien la presenta, ha sido la que depositó en el Congreso el Presidente López Obrador.
Sin embargo, el trabajo legislativo en materia electoral, en materia de reforma electoral va a ser, por decir lo menos, complejo. Si se hace de manera seria y estoy convencido de que así va a ocurrir. ¿A qué me refiero?
A que si tomamos en cuenta la cantidad de iniciativas que están hoy en dictamen. En alguna parte, digamos así del proceso legislativo y que han sido presentadas en la LXIV y en la LXV legislatura, es decir, de 2018 a la fecha.
Hoy tenemos a 743 iniciativas en materia electoral. Algunas son muy sencillas, se cambia un solo artículo de la ley. Se propone cambiar un solo artículo en la ley y otras son como la del Presidente o la que presentó el partido Morena hace un par de años, reformas de gran calado, reformas que implican una redefinición de la de la Constitución.
La iniciativa del Presidente de la República plantea la modificación de 18 artículos constitucionales. Y por supuesto, supongo que implicará el replanteamiento de la Ley de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Pero me parece que es importante, ahí están las distribuciones, tanto las que se presentaron en cada una de las legislaturas en Diputados y en el Senado, digámoslo así, del difícil trabajo que vamos a tener enfrente.
Terminó diciendo algo, tampoco es un trabajo que pueda tener si se quisieran hacer los cambios y aplicarlos en los 2024, un tiempo indefinido, porque en mayo del próximo año, es decir, justamente dentro de 11 de 12 meses, se cerrará la ventana legislativa para que los cambios, de haber, puedan aplicarse en la elección del 2024, porque, como ustedes saben, bueno al menos hasta que se cambie, a menos que se cambie también eso, la duración de los procesos electorales.
Con la ruta que hoy se tiene, en septiembre de 2023 comenzará el proceso electoral más grande de nuestra historia y, la ventana legislativa se cerrará, insisto, en mayo del próximo año, así que el tiempo es poco, el trabajo es muchísimo, vuelvo a insistir, la necesidad no es imperativa, pero si hay cambios que mejoren el sistema electoral, pues dan bienvenidos.
Yo termino simple y sencillamente diciendo que creo que el rol que tenemos quienes estamos aquí, quienes formamos parte de esta alianza estratégica, ustedes como representantes o titulares de los medios públicos del país, medios de las televisoras y de las radiodifusoras educativas del país y la autoridad electoral, por el otro lado, pues me parece que tenemos que estar expectantes, por un lado, pero también dispuestas a generar las mejores condiciones para que si hay una reforma electoral se dé del mejor modo posible.
Y que, si hay una reforma electoral, pues ésta sea una reforma que siga esa tendencia que hemos tenido en los últimos 45 años de una construcción progresiva, paulatina de nuestro sistema democrático que ha transformado profundamente al país y quien diga lo contrario simple y sencillamente miente.
Hace apenas 35 años México era un país monocolor, en donde no había ningún gobernante, a nivel local y federal, que no perteneciera al entonces partido oficial, no había ningún senador de oposición y los, digámoslo así, las motas aisladas de color diferente al del partido hegemónico eran verdaderas condiciones o circunstancias aisladas.
Hoy no es así, hoy el país está cruzado por una profunda pluralidad, igual que nuestra sociedad y nadie tiene el triunfo asegurado, para decirlo en una frase y cerrar, disculpándome por el abuso, con ustedes, por el abuso del tiempo.
Si algo caracterizaba a nuestro sistema electoral hace 35 años apenas, es que no había certeza en las reglas del juego y en el arbitraje de la política; la única certeza que había era quien iba a ganar las elecciones.
Hoy estamos en las antípodas, hoy las reglas son ciertas, la actuación de las autoridades electorales es cierta, por supuesto hay quien puede estar de acuerdo o no, pero para eso están las instancias para impugnar y la única sana incertidumbre, como debe ocurrir en democracia, que tenemos es quién va a ganar las elecciones.
Hasta, por supuesto, que la autoridad electoral en la noche de la elección sea con el PREP, sea con el Conteo Rápido, anticipa los resultados, aunque sea de manera preliminar y eso es justamente lo que, gracias a las transformaciones de los últimos tiempos hemos logrado volver parte de la normalidad de nuestro país.
Cierro, hace 30 años las elecciones, si hacemos memoria, eran probablemente el principal de los problemas que tenía nuestro país, no el único, pero sí el principal, hoy, lamentablemente hay muchos problemas que nos ocupan, pero afortunadamente entre ellos no están las elecciones.
Ojalá y que una reforma electoral, si la hay, no vuelva a colocar a las elecciones como parte de los problemas, porque ya tenemos muchos y no necesitamos que el electoral vuelva a ser parte de ellos.
Muchísimas gracias.
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