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Estado de indefensión – El Sol de México

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mayo 24, 2022

Geovanna Bañuelos

Geovanna Bañuelos

  / martes 24 de mayo de 2022
En días recientes, la prensa nacional destacó tres temas que pueden analizarse desde la misma perspectiva.
Primero: México supera los 100 mil desaparecidos. 74% son hombres y 24.7% mujeres de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación que comprende el periodo de marzo de 1964 al 16 de mayo de 2022. En este desglose, 88 mil 615 están clasificadas como personas desaparecidas y 11 mil 297 como personas no localizadas.
Segundo: De febrero a marzo se ha incrementado en 1,500% el número de desplazados internos. La violencia en Chiapas, Guerrero y Zacatecas provocó la movilidad forzosa de personas como indica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el municipio zacatecano de Valparaíso, 15 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Tercero: Persiste un pésimo desempeño en el Estado de derecho. La evaluación anual realizada por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), mide justicia civil y penal, orden y seguridad, derechos fundamentales, ausencia de corrupción, límites al poder gubernamental, gobierno abierto y cumplimiento regulatorio.
Ninguna de las 32 entidades, alcanzan una aprobación idónea en su gobernanza o lo que es peor, algunos estados tienen una calificación reprobatoria. Estancamiento, retrocesos o pocos cambios en la implementación del Estado de derecho, detalla el reporte, por lo que WJP sugiere detectar debilidades para formular políticas públicas más eficaces.
De tal manera, 14 estados cayeron en justicia social y 10 entidades permanecieron estáticas. Por lo tanto, no existen auténticas garantías para los derechos de las víctimas, imparcialidad e independencia en los procesos judiciales aunada a la corrupción que persiste en el sistema de justicia penal.
Lamentablemente nos encontramos ante una terrible tragedia nacional donde familias buscan incesantemente a sus seres queridos y demandan mejores mecanismos para localizarlos. Por otro lado, sin protección, en la incertidumbre y ante la impotencia al sentirse indefensos y vulnerables, cientos de personas desplazadas comienzan una nueva vida dejando atrás todo su patrimonio a merced de la delincuencia.
Necesitamos un esquema para restituir la paz, reconstruir el tejido social, reponer la legalidad y reforzar el Estado de derecho para evitar que impere el Estado de indefensión.
En días recientes, la prensa nacional destacó tres temas que pueden analizarse desde la misma perspectiva.
Primero: México supera los 100 mil desaparecidos. 74% son hombres y 24.7% mujeres de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación que comprende el periodo de marzo de 1964 al 16 de mayo de 2022. En este desglose, 88 mil 615 están clasificadas como personas desaparecidas y 11 mil 297 como personas no localizadas.
Segundo: De febrero a marzo se ha incrementado en 1,500% el número de desplazados internos. La violencia en Chiapas, Guerrero y Zacatecas provocó la movilidad forzosa de personas como indica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el municipio zacatecano de Valparaíso, 15 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
Tercero: Persiste un pésimo desempeño en el Estado de derecho. La evaluación anual realizada por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), mide justicia civil y penal, orden y seguridad, derechos fundamentales, ausencia de corrupción, límites al poder gubernamental, gobierno abierto y cumplimiento regulatorio.
Ninguna de las 32 entidades, alcanzan una aprobación idónea en su gobernanza o lo que es peor, algunos estados tienen una calificación reprobatoria. Estancamiento, retrocesos o pocos cambios en la implementación del Estado de derecho, detalla el reporte, por lo que WJP sugiere detectar debilidades para formular políticas públicas más eficaces.
De tal manera, 14 estados cayeron en justicia social y 10 entidades permanecieron estáticas. Por lo tanto, no existen auténticas garantías para los derechos de las víctimas, imparcialidad e independencia en los procesos judiciales aunada a la corrupción que persiste en el sistema de justicia penal.
Lamentablemente nos encontramos ante una terrible tragedia nacional donde familias buscan incesantemente a sus seres queridos y demandan mejores mecanismos para localizarlos. Por otro lado, sin protección, en la incertidumbre y ante la impotencia al sentirse indefensos y vulnerables, cientos de personas desplazadas comienzan una nueva vida dejando atrás todo su patrimonio a merced de la delincuencia.
Necesitamos un esquema para restituir la paz, reconstruir el tejido social, reponer la legalidad y reforzar el Estado de derecho para evitar que impere el Estado de indefensión.
Geovanna Bañuelos
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