/ miércoles 29 de junio de 2022
Bertha Becerra | El Sol de México
El gobierno de la República carece de una política agraria para resolver los 300 conflictos existentes en el país. “Se encuentran en el limbo. Duermen el sueño de lo injusto. Esto deja en claro que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la justicia agraria para los campesinos e indígenas no existe”.
Así lo aseguró el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, quien comentó que un país como México, con una larga trayectoria de reparto agrario, hoy se deja a la deriva a los dueños de la tierra y a quienes cargan con conflictos agrarios sin resolver.
Recordó que la propiedad social que comprende el 52% del territorio nacional en poco más de 32 mil ejidos y comunidades, carecen de una política de desarrollo y de presupuesto para atender sus necesidades.
Y sus pronunciamientos fueron en relación a las afirmaciones del Jefe del Ejecutivo, de que “ha resuelto más conflictos agrarios de los que prometió…”
Manifestó el secretario general de la UNTA, que la entidad que debe resolver esta problemática, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), se convirtió en una entidad de desarrollo urbano de manera exclusiva.
“Sus obras de dudosa utilidad pública y caras, se llevan a cabo en el ámbito urbano”, subrayó.
Sostuvo: “El sector agrario ha sido desmantelado. Y lo que queda, lo opera una burocracia que carece de experiencia, ineficaz y corrupta”.
“En la Sedatu, el Registro Nacional Agrario (RNA), la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, se dedican al negocio”, denunció López Ríos.
Y agregó: “Las organizaciones agrarias que quedan después de más de 3 años de gobierno Obradorista y los conflictos agrarios pendientes de resolución se encuentran en el limbo”.
También afirmó que el presupuesto para el sector agrario “es ínfimo”. Por eso se dejó de atender las obligaciones jurídicas y las establecidas en el Acuerdo Nacional para el Campo.
“Hoy el campo se encuentra en el desamparo. La justicia agraria es inexistente y los conflictos duermen el sueño de lo injusto”, aseguró.
Y advirtió que este abandono lo pagará caro el país, “ya que no hay suficiente producción y tendremos falta de alimentos. Lo más grave está por llegar, gracias a la ineptitud del gobierno”.
El gobierno de la República carece de una política agraria para resolver los 300 conflictos existentes en el país. “Se encuentran en el limbo. Duermen el sueño de lo injusto. Esto deja en claro que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la justicia agraria para los campesinos e indígenas no existe”.
Así lo aseguró el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, quien comentó que un país como México, con una larga trayectoria de reparto agrario, hoy se deja a la deriva a los dueños de la tierra y a quienes cargan con conflictos agrarios sin resolver.
Recordó que la propiedad social que comprende el 52% del territorio nacional en poco más de 32 mil ejidos y comunidades, carecen de una política de desarrollo y de presupuesto para atender sus necesidades.
Y sus pronunciamientos fueron en relación a las afirmaciones del Jefe del Ejecutivo, de que “ha resuelto más conflictos agrarios de los que prometió…”
Manifestó el secretario general de la UNTA, que la entidad que debe resolver esta problemática, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), se convirtió en una entidad de desarrollo urbano de manera exclusiva.
“Sus obras de dudosa utilidad pública y caras, se llevan a cabo en el ámbito urbano”, subrayó.
Sostuvo: “El sector agrario ha sido desmantelado. Y lo que queda, lo opera una burocracia que carece de experiencia, ineficaz y corrupta”.
“En la Sedatu, el Registro Nacional Agrario (RNA), la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, se dedican al negocio”, denunció López Ríos.
Y agregó: “Las organizaciones agrarias que quedan después de más de 3 años de gobierno Obradorista y los conflictos agrarios pendientes de resolución se encuentran en el limbo”.
También afirmó que el presupuesto para el sector agrario “es ínfimo”. Por eso se dejó de atender las obligaciones jurídicas y las establecidas en el Acuerdo Nacional para el Campo.
“Hoy el campo se encuentra en el desamparo. La justicia agraria es inexistente y los conflictos duermen el sueño de lo injusto”, aseguró.
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