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¡Cáspita, gente armada! – El Sol de México

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junio 07, 2022

Ricardo Peralta

Ricardo Peralta
  / martes 7 de junio de 2022
En el lenguaje habitual del español mexicano nadie más que por sarcasmo, que este es el caso, utilizaría una expresión sinónimo de sorpresa como lo es “cáspita”.

Ya no sé distinguir si es por la ingenuidad o una voluntad malévola de quienes se ruborizan por ver civiles armados en los caminos de México, si esto siempre ha ocurrido.

Cuando de niños viajábamos en familia hacia el bellísimo municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, siempre encontrábamos cuando menos 3 retenes militares y 2 de civiles armados, como en la novela de Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco, en los caminos rurales de Yautepec, Morelos, donde se tenían que cuidar de los salteadores de caminos, eso no fue solo novela, desde entonces real; han pasado más de 40 años de dichos viajes familiares, y así como en Guerrero, en Oaxaca y en San Luis Potosí existe la figura de policías comunitarias en sus constituciones locales, en donde no sustituyen, sino que coadyuvan con la institucionalidad de la seguridad pública. Dichos ordenamientos locales están sustentados en el artículo 2 constitucional, que garantiza la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para elegir sus formas internas de convivencia y de organización social.

Bajo ninguna circunstancia, ninguna persona puede estar armada si no le ampara una licencia de portación de armas otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, colectiva, para algún cuerpo policíaco o empresa de seguridad privada, o individual, cuando así se cumplen los requisitos que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala. No deja de ser preocupante y riesgoso para la población enfrentarse a quienes no solamente están custodiando, sino que están al acecho para cometer otros delitos como el robo y el secuestro.

La portación de armas hoy se considera un delito de prisión preventiva oficiosa dentro del catálogo que señala el Código de Procedimientos Penales, que a su vez emana del artículo 19 constitucional, conducta conocida coloquialmente como delito grave.

No significa que, más allá de los usos y costumbres o de la legítima defensa, o la integración de una policía comunitaria, los grupos de la delincuencia organizada y quienes custodian sus territorios, puedan utilizar armamento en cualquiera de sus modalidades. Existen, sí; en muchas partes del país, también; pero no gobiernan ni realizan tareas estatales y mucho menos les sustituyen para efectos administrativos o solemnes, esto es una exageración y capital de los adversarios políticos.

La proliferación de armas y todos sus suministros son el eslabón para que los generadores de violencia funcionen, la oferta y demanda ilícita y hasta la lícita en otros países siempre causará tragedias, lo vemos públicamente entre 2 y 4 casos semanales en los Estados Unidos, niñas, niños y adolescentes muertos por dsicriminación a manos de psicópatas obsesivos. Aquí se matan entre criminales como vendettas de principios del siglo pasado en Italia o su paralelo en la época gansteril de Chicago, el único común denominador: las armas y el parque.

Más allá de escandalizarse por un retén, ¿qué tanto están haciendo la sociedad y los medios de comunicación para incidir en el desarme y fomentar el bienestar?
En el lenguaje habitual del español mexicano nadie más que por sarcasmo, que este es el caso, utilizaría una expresión sinónimo de sorpresa como lo es “cáspita”.

Ya no sé distinguir si es por la ingenuidad o una voluntad malévola de quienes se ruborizan por ver civiles armados en los caminos de México, si esto siempre ha ocurrido.

Cuando de niños viajábamos en familia hacia el bellísimo municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, siempre encontrábamos cuando menos 3 retenes militares y 2 de civiles armados, como en la novela de Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco, en los caminos rurales de Yautepec, Morelos, donde se tenían que cuidar de los salteadores de caminos, eso no fue solo novela, desde entonces real; han pasado más de 40 años de dichos viajes familiares, y así como en Guerrero, en Oaxaca y en San Luis Potosí existe la figura de policías comunitarias en sus constituciones locales, en donde no sustituyen, sino que coadyuvan con la institucionalidad de la seguridad pública. Dichos ordenamientos locales están sustentados en el artículo 2 constitucional, que garantiza la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para elegir sus formas internas de convivencia y de organización social.

Bajo ninguna circunstancia, ninguna persona puede estar armada si no le ampara una licencia de portación de armas otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, colectiva, para algún cuerpo policíaco o empresa de seguridad privada, o individual, cuando así se cumplen los requisitos que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala. No deja de ser preocupante y riesgoso para la población enfrentarse a quienes no solamente están custodiando, sino que están al acecho para cometer otros delitos como el robo y el secuestro.

La portación de armas hoy se considera un delito de prisión preventiva oficiosa dentro del catálogo que señala el Código de Procedimientos Penales, que a su vez emana del artículo 19 constitucional, conducta conocida coloquialmente como delito grave.

No significa que, más allá de los usos y costumbres o de la legítima defensa, o la integración de una policía comunitaria, los grupos de la delincuencia organizada y quienes custodian sus territorios, puedan utilizar armamento en cualquiera de sus modalidades. Existen, sí; en muchas partes del país, también; pero no gobiernan ni realizan tareas estatales y mucho menos les sustituyen para efectos administrativos o solemnes, esto es una exageración y capital de los adversarios políticos.

La proliferación de armas y todos sus suministros son el eslabón para que los generadores de violencia funcionen, la oferta y demanda ilícita y hasta la lícita en otros países siempre causará tragedias, lo vemos públicamente entre 2 y 4 casos semanales en los Estados Unidos, niñas, niños y adolescentes muertos por dsicriminación a manos de psicópatas obsesivos. Aquí se matan entre criminales como vendettas de principios del siglo pasado en Italia o su paralelo en la época gansteril de Chicago, el único común denominador: las armas y el parque.

Más allá de escandalizarse por un retén, ¿qué tanto están haciendo la sociedad y los medios de comunicación para incidir en el desarme y fomentar el bienestar?
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