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Antena | Quejarse de censura y proponerla – El Sol de México

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marzo 29, 2022

Javier Orozco

Javier Orozco
  / viernes 25 de marzo de 2022
Hacer referencia al vocablo censura lleva una serie de implicaciones, sobre todo, en el ámbito periodístico. Dentro de sus distintas acepciones encontramos, que la censura es muy común en los regímenes no democráticos; pero también, se puede encontrar en gobiernos de corte democrático, pero con matices legales o la autocensura.
No se entiende como el partido gobernante (Morena) se rasga las vestiduras hablando de que las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral son un acto de censura contra sus servidores públicos que están promocionando la inauguración de obras o la continuidad de un proyecto, cuando por norma no está permitido.
Pero, mientras en el ámbito electoral se quejan de “censura”, en el campo legislativo la preponen, causa extrañeza, no sabemos si está mostrando novatez como partido gobernante o le falte asesoría jurídica y tacto a la hora de presentar iniciativas.
Aquí dos ejemplos: existen legisladores como la Diputada Aleida Alavez y otros que presentaron una iniciativa "fuera de lugar" que reitera la obligación de distinguir entre opinión e información cuando el engrose de la sentencia del amparo en revisión, del Ministro González Alcántara no ordena al Congreso a legislar en ese sentido; aunado a que además proponen reestablecer la suspensión precautoria de transmisiones y se elimina la libertad de los medios para designar a los defensores de audiencia, quieren que la autoridad sea quien imponga a censores.
Sumado a lo anterior, el Diputado Alejandro Carbajal y la citada Diputada anteriormente, presentaron otra iniciativa, pero sobre el amparo otorgado por el Ministro Javier Laynez (Segunda Sala), relativa a que los códigos de ética se ajusten a los lineamientos que emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lo que debe quedar claro, es que nadie quiere coartar su derecho constitucional a presentar iniciativas, pero que primero investiguen y estudien, el amparo del Ministro Laynez del cual se basa esta última iniciativa, el cumplimiento de la sentencia está suspendido, ya que hay recursos judiciales pendientes.
Asimismo, está pendiente de abordarse una acción de inconstitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte sobre la misma materia, y debe haber sensatez judicial para evitar sentencias judiciales contradictorias y de la parte legislativa prudencia a los tiempos y decisiones de la Corte.
Bajo este contexto, la Suprema Corte está comenzando a comprender lo complejo de separar la información y la opinión, “…, ha reconocido que la distinción entre hechos y opiniones a veces puede ser compleja, pues en ocasiones el mensaje sujeto a escrutinio es una amalgama de ambos; es decir, hay textos que no sólo describen hechos o que no sólo constituyen opiniones genéricas o enteramente subjetivas, sino que en ellos concurren tanto elementos informativos como elementos valorativos.

Por ello, no se vale hablar de censura y proponerla por otro lado, lo que desinforma.
Hacer referencia al vocablo censura lleva una serie de implicaciones, sobre todo, en el ámbito periodístico. Dentro de sus distintas acepciones encontramos, que la censura es muy común en los regímenes no democráticos; pero también, se puede encontrar en gobiernos de corte democrático, pero con matices legales o la autocensura.
No se entiende como el partido gobernante (Morena) se rasga las vestiduras hablando de que las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral son un acto de censura contra sus servidores públicos que están promocionando la inauguración de obras o la continuidad de un proyecto, cuando por norma no está permitido.
Pero, mientras en el ámbito electoral se quejan de “censura”, en el campo legislativo la preponen, causa extrañeza, no sabemos si está mostrando novatez como partido gobernante o le falte asesoría jurídica y tacto a la hora de presentar iniciativas.
Aquí dos ejemplos: existen legisladores como la Diputada Aleida Alavez y otros que presentaron una iniciativa "fuera de lugar" que reitera la obligación de distinguir entre opinión e información cuando el engrose de la sentencia del amparo en revisión, del Ministro González Alcántara no ordena al Congreso a legislar en ese sentido; aunado a que además proponen reestablecer la suspensión precautoria de transmisiones y se elimina la libertad de los medios para designar a los defensores de audiencia, quieren que la autoridad sea quien imponga a censores.
Sumado a lo anterior, el Diputado Alejandro Carbajal y la citada Diputada anteriormente, presentaron otra iniciativa, pero sobre el amparo otorgado por el Ministro Javier Laynez (Segunda Sala), relativa a que los códigos de ética se ajusten a los lineamientos que emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lo que debe quedar claro, es que nadie quiere coartar su derecho constitucional a presentar iniciativas, pero que primero investiguen y estudien, el amparo del Ministro Laynez del cual se basa esta última iniciativa, el cumplimiento de la sentencia está suspendido, ya que hay recursos judiciales pendientes.
Asimismo, está pendiente de abordarse una acción de inconstitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte sobre la misma materia, y debe haber sensatez judicial para evitar sentencias judiciales contradictorias y de la parte legislativa prudencia a los tiempos y decisiones de la Corte.
Bajo este contexto, la Suprema Corte está comenzando a comprender lo complejo de separar la información y la opinión, “…, ha reconocido que la distinción entre hechos y opiniones a veces puede ser compleja, pues en ocasiones el mensaje sujeto a escrutinio es una amalgama de ambos; es decir, hay textos que no sólo describen hechos o que no sólo constituyen opiniones genéricas o enteramente subjetivas, sino que en ellos concurren tanto elementos informativos como elementos valorativos.

Por ello, no se vale hablar de censura y proponerla por otro lado, lo que desinforma.
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